Ricaurte fue condenado por pertenecer a una organización que recibió dineros para beneficiar a aforados constitucionales en procesos que estaban en la Corte Suprema de Justicia.
Este llamado lo hizo el alto tribunal tras conocer el caso de un joven, diagnosticado con trastorno de la conducta no especificado y a quién las terapias que le estaban haciendo no estaban funcionando.