Ley de Víctimas: los avances y los retos de los próximos 10 años

Este 10 de junio se cumplen 10 años de la promulgación de la ley 1448 de 2011, que permitió crear el Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas, un reconocimiento a quienes han sufrido los embates del conflicto armado en Colombia.

Es tan importante esta iniciativa, que en principio su vigencia fue de 10 años y tuvo que ser extendida otros 10, debido a que el principal reto de la norma, reparar a quienes fueron víctimas del conflicto, aún no se ha logrado y el cumplimiento de ese objetivo aún está lejos.

La norma tiene en cuenta un enfoque diferencial, pues reconoce que las personas que por su edad, género, grupo étnico o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación.

El sistema incluyó la creación de tres entidades: la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas; la Unidad para la Restitución de Tierras; y el Centro de Memoria Histórica, enfocadas a llevar los casos administrativos de reparación monetaria, los casos de restitución económica y la memoria histórica para esclarecer lo que sucedió en los territorios.

Los avances

Según la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, hasta el momento se han incluido en el Registro Único, con corte al 31 de mayo de 2021, a 9.134.347 víctimas, siendo 7.368.335 las que cumplen con los requisitos de Ley para ser atendidas y reparadas de manera integral.

Según la misma entidad, hasta el momento también se han realizado 1.235.018 giros que corresponden a la indemnización de 1.163.650 víctimas, con una inversión de más de 8 billones de pesos. A través, del método técnico, el cual se aplica a víctimas que se encuentran dentro de la Ruta General, se han entregado 22.502 indemnizaciones administrativas; así mismo se han otorgado 227.931 indemnizaciones a víctimas que cumplen los criterios de la ruta prioritaria.

En materia de reparación colectiva, se ha entregado la indemnización colectiva a 52 comunidades y pueblos étnicos, con un aporte de 13.426 millones de pesos. A 31 de mayo del 2021 se proyecta entregar los recursos de indemnización a 2 sujetos (Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera; Consejo Comunitario Aires de Garrapatero) por un valor total de 670 millones de pesos.

Según Juan Fernando Cristo, autor e impulsor de la Ley hace 10 años, “esta ha sido la ley más importante aprobada por el Congreso desde la constitución del 91 y cambió totalmente la concepción de la sociedad y el Estado colombiano frente a las víctimas del conflicto”.

Cristo explicó que antes de la ley de víctimas quienes habían padecido el conflicto eran ciudadanos sin reconocimiento, sin dignidad y sin derecho, pero después de la aprobación, “más de 20 millones de compatriotas tienen derechos, instrumentos legales para exigirlos, son visibilizados por la sociedad y comenzaron a jugar un papel muy importante en el desarrollo del país”.

Hoy, continúa el exsenador, “las víctimas gozan de una visibilidad en los medios de comunicación, tienen nombres y apellidos que antes no tenían. En la medida que la Ley de Víctimas fue la cuota inicial del acuerdo de paz con las Farc, sin duda es una de esas leyes que han tenido un impacto positivo en la ciudadanía y real, que no se han quedado en el papel y eso es un cambio fundamental en el país”.

Paula Gaviria, quien fue directora de la Unidad para las Víctimas, destacó que “la ley marcó un antes y un después en cómo Colombia asume su propia historia, porque con la ley de víctimas en 2011 reconoció la existencia de un conflicto armado y las consecuencias del mismo, que es un enorme sufrimiento humano con un impacto en la vida de muchísimas familias colombianas jamás registrado en la historia reciente de los conflictos”.

Según ella, “el país cambió porque reconoció la existencia de esa realidad, de ese pasado y, de alguna manera, al querer reparar a las víctimas asumió un compromiso con la sanación de esas heridas y buscar la no repetición, con una perspectiva que no es normal que haya esta cantidad de dolor en Colombia. Como país debemos comprometernos a que no vuelva a pasar”.

La magnitud del problema

Pese a la buena intención de la ley, hace 10 años no se logró cuantificar la magnitud de las víctimas en Colombia. Sumado a eso, un fallo de la Corte Constitucional obligó al Estado a reparar, de forma administrativa, a muchas más personas de las que fueron presupuestadas en un principio, alargando las expectativas de la norma.

Ana Teresa Bernal, exalta consejera para los derechos de la Víctimas de la Alcaldía de Bogotá entre 2011 y 2016, indicó que “la magnitud del problema es verdaderamente alarmante, es enorme, y fue la situación misma lo que plantea la necesidad de una ley de víctimas. Llevamos 10 años de la implementación y la verdad es que de acuerdo al número de víctimas se necesitarían más de 50 años para indemnizar al universo entero de las mismas. Tenemos en Colombia una cifra de 9 millones de víctimas”.

Según dijo, luego de la sanción de la ley “hubo un reconocimiento de que hay víctimas en el país, así a algunos no les guste y les quieran cercenar sus derechos. Son personas de carne y hueso que han sufrido la atrocidad de la violencia, muchos de ellos estaban en las regiones. Cada día hay más víctimas, por lo que la implementación de la iniciativa es muy compleja. Lo importante es que se dio un paso en el reconocimiento de la existencia de las víctimas y en el deber del Estado de repararlas, pero de ahí a que se haya cumplido a cabalidad con la ley estamos a mucha distancia”.

Cristo sostiene que la ley ha hecho una inversión que ningún Estado en el mundo ha hecho, “más de 80 billones de pesos y de la creación de tres entidades concretas. Obviamente nos falta muchísimo, porque estamos hablando de casi 20 % de la población colombiana, un desafío enorme”.

De hecho, Paula Gaviria indicó que el propio Gobierno reconoció, cuando se estaba buscando la prórroga de la ley, que 10 años no eran suficientes para reparar a todas las víctimas, incluso se habló de mínimo 30 años, pero el Congreso de la República decidió ampliarla solo por 10 años más.

Gaviria asegura que los logros en principio pueden parecer pocos, “pero en términos históricos, comparado con procesos que pretendían mostrar avances en justicia restitutiva, los avances son significativos: 400.000 hectáreas, son alrededor de 6000 sentencias. Lo que entiendo es que hay unas proyecciones y otro número de hectáreas importantes que todavía están por presentarse, pero estaríamos casi cumpliendo en cuanto a la parte administrativa las demandas que han llegado”.

Según la exfuncionaria, “los resultados no son desalentadores. La unidad además tiene una ruta colectiva que ha producido cerca de 20 sentencias, donde está en proceso de entregarse al menos 226.000 hectáreas de las casi 3 millones proyectadas, que serían las que tendrían derecho las comunidades afro e indígenas”.

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El futuro

Para Ana Teresa Bernal, el futuro es poco alentador, teniendo en cuenta que entre desaparición forzada y homicidios las víctimas directas son más de 1.636.498 personas. “Un país en donde más de un millón de personas han muerto o desaparecido por un conflicto interno, es un país con una situación muy grave, aunque se quiera aparentar que en el país se respetan los derechos humanos y hay democracia”.

Bernal sostiene que “es importante que la ley de víctimas exista”, pero que se debe buscar la solución a muchos problemas, porque, según la experta, el Estado no ha hecho los suficientes esfuerzos para lograr una reparación de las víctimas. “Se decía que las víctimas eran el centro del problema y que iban a ser atendidas de manera inmediata, pero la mayoría de las víctimas están sin reparación, solo el 13 % del universo total de las víctimas han recibido la indemnización”, dijo.

Para Gaviria, sí hay voluntad de cumplir por parte del Estado. “Hay que reforzar esa voluntad, mandar mensajes muy contundentes y mejorar la articulación de las entidades. El acuerdo final de paz bien implementado, con las oportunidades que dan los PDET, donde están la mayoría de las víctimas y los procesos de reparación colectiva son una oportunidad gigante de avanzar”.