El Gobierno nacional anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita judicializar responsables de compra de votos y otros delitos electorales. El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, al término del Consejo de Seguridad y Paz del 17 de febrero, donde se evaluaron las garantías para el proceso democrático.
¿Qué conductas serán objeto de la recompensa?
La medida cobija información que conduzca a la identificación y captura de personas vinculadas con corrupción electoral, entre ellas:
Compra de votos
Constreñimiento al elector
Fraude en inscripción de cédulas
Otras acciones que comprometan la transparencia del proceso electoral
Desde el Ejecutivo se insistió en que el objetivo es enviar un mensaje contundente contra quienes pretendan alterar la voluntad popular en las urnas.
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El 8 de marzo los ciudadanos elegirán el nuevo Congreso de la República, integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Ese mismo día también se desarrollarán consultas interpartidistas de tres coaliciones políticas, mecanismo similar a elecciones primarias, mediante el cual se definirán candidaturas únicas para la contienda presidencial.
Estas consultas se votan en un tarjetón independiente y forman parte del calendario electoral hacia 2026.
Superada la jornada legislativa, el país se encaminará hacia la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026. De no alcanzarse mayoría absoluta, se convocará a una segunda vuelta el 21 de junio. El Gobierno ha señalado que el despliegue institucional incluye acompañamiento de la Fuerza Pública y seguimiento a posibles riesgos de fraude o presión indebida sobre los votantes.
¿Cómo puede la ciudadanía denunciar?
El Ministerio de Defensa habilitó la línea 157 para recibir denuncias con absoluta reserva. Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para frenar la corrupción electoral.
“El silencio es cómplice de la corrupción. No nos quedemos callados; defendamos la democracia”, enfatizó el ministro.
Con esta estrategia, el Ejecutivo busca reforzar los controles y enviar una señal política clara: la lucha contra el fraude electoral será una prioridad en el proceso que definirá la nueva composición del Congreso y el rumbo presidencial del país.