Ministerio de Educación aparta al rector de la Universidad de Antioquia en medio de crisis financiera
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, dio un paso de alto impacto en el sistema de educación superior pública al decidir apartar de manera temporal a John Jairo Arboleda de la rectoría de la Universidad de Antioquia, en medio de una profunda crisis administrativa y financiera que atraviesa la institución.
La medida, adoptada el 30 de diciembre, se enmarca en un procedimiento administrativo preventivo, que busca, según la cartera, salvaguardar la sostenibilidad institucional de una de las universidades más importantes del país.
¿En qué consiste la decisión del Ministerio de Educación?
El acto administrativo ordena el reemplazo del rector por un período inicial de hasta un año, prorrogable por una sola vez, de acuerdo con la evolución de la situación financiera y el cumplimiento de las medidas ordenadas por el Gobierno.
El Ministerio subrayó que se trata de una actuación progresiva, proporcional y preventiva, sustentada en la Ley 1740 de 2014, que regula la inspección y vigilancia sobre las instituciones de educación superior.
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¿Quién asumirá la rectoría encargada de la Universidad de Antioquia?
El Ministerio designó como rector encargado y representante legal a Héctor Iván García García, médico, magíster en Salud Pública y Epidemiología, y profesor de tiempo completo de la Universidad de Antioquia desde 1995.
García tendrá como encargo principal implementar los planes de mejoramiento y saneamiento financiero, además de facilitar el trabajo de inspección estatal. Su perfil académico incluye liderazgo en procesos curriculares, investigación en violencia urbana y participación en cátedras sobre paz y salud pública.
¿Cuáles fueron los incumplimientos que señala el Gobierno?
De acuerdo con el Ministerio de Educación, la rectoría saliente incurrió en incumplimientos reiterados frente a órdenes consideradas esenciales para corregir la crisis institucional. Entre ellas:
No implementar de manera efectiva el plan de mejoramiento exigido en julio de 2025.
No ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Financiero, ordenado en diciembre del mismo año.
Dificultar la labor de la inspectora in situ, mediante la entrega parcial o restringida de información.
Para la cartera, estas conductas obstaculizaron la acción estatal y agravaron los problemas de liquidez y déficit estructural.
El Ministerio aclaró que la decisión aún no está en firme, ya que el proceso se encuentra en etapa de notificación personal. Mientras este trámite no se complete, la medida no produce efectos jurídicos ni puede considerarse ejecutoriada.
La notificación está a cargo de la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía, y una vez surtida, se comunicará formalmente al Consejo Superior Universitario.
¿Qué otras medidas había adoptado el Gobierno sobre la UdeA?
La salida de Arboleda se suma a una cadena de decisiones tomadas en los últimos meses. En agosto, el Ministerio declaró a la universidad en vigilancia especial y, posteriormente, ordenó:
Suspender la firma de nuevos contratos y convenios que no fueran indispensables para la prestación del servicio educativo.
Restringir gastos como viáticos, publicidad onerosa y eventos protocolarios.
Según el balance oficial, estas órdenes no fueron cumplidas de manera satisfactoria.
El gobernador Andrés Julián Rendón rechazó la decisión y anunció acciones legales para revertirla, al considerar que el Gobierno Nacional estaría vulnerando la autonomía universitaria.
Desde la Gobernación se insistió en que se dará una defensa jurídica y académica del alma máter antioqueña frente a lo que califican como una intervención indebida.
La Universidad de Antioquia enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente, con déficit estructural, problemas de caja y tensiones entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales.
El encargo del nuevo rector se da en un escenario de alta vigilancia estatal, en el que se definirá si las medidas adoptadas logran estabilizar la institución o profundizan el debate político sobre los límites de la intervención del Estado en la educación superior pública.