MinJusticia pide vigilar contratación de alimentos en 132 cárceles del país
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, solicitó a la procuradora general Margarita Cabello y al contralor general Felipe Córdoba, vigilar el proceso que adelantará la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por más de 411.000 millones de pesos para elegir la empresa que suministrará la alimentación en las 132 cárceles del país.
La solicitud la hizo Ruiz con el fin de que no se privilegie a grandes empresas, se demuestre que se cuenta con el 50 % de patrimonio del total del contrato, y que no haya irregularidades que afecten la alimentación de los privados de la libertad, quienes en varias ocasiones han denunciado que han recibido alimentos dañados o en malas condiciones de higiene.
"Solicitamos muy respetuosamente vigilancia, prevención y acompañamiento frente al proceso licitatorio referente a la contratación y prestación del servicio de alimentación a la Población Privada de la Libertad a cargo de la USPEC, cuyo monto se eleva a $411.507.087.775, con el objetivo de garantizar que este proceso sea totalmente transparente y cumpla a cabalidad con todos los parámetros legales", se lee en las cartas enviadas por el ministro Ruiz.
Agregó en las cartas que estos requerimientos los realiza teniendo en cuenta que tanto la Procuraduría como la Contraloría tienen la "competencia de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, proteger los derechos humanos y defender los intereses colectivos".
Está petición se da tras las denuncias de Ruiz, el pasado mes de agosto, en las que aseguró que algunos contratistas de la Uspec encargados de los contratos de alimentación en las cárceles del país, les estarían exigiendo el pago de dinero para la renovación de los contratos a cambio de no declararles el incumplimiento o no pagarles las cuentas a tiempo.
"He recibido denuncias sobre presuntos actos de corrupción en contratos para la alimentación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con esas denuncias a algunos contratistas de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec les estarían exigiendo dinero para la renovación de los contratos y con amenazas de declararles el incumplimiento o no pagarles oportunamente las cuentas que se presenten", indicó.
Esas denuncias se suman a un informe de abril de este año, donde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) denunció que se vienen presentando incumplimientos y otra serie de irregularidades por parte de los operadores, los cuales suministran el servicio de alimentos a los privados de la libertad, ya que en el 86% de los centros carcelarios reportan incumplimiento en el gramaje de los alimentos, 81% reportan alimentos en estado de descomposición, incluso con gusanos y el 39% no cumplen con las medidas sanitarias mínimas.
