EE.UU. no descarta intervención militar terrestre en América Latina en medio de operación Espada del Sur
Ciento cincuenta y siete muertos en cuarenta y cinco bombardeos. Más de quince mil soldados desplegados, "esto es solo el comienzo". Eso fue lo que escuchó el Congreso estadounidense este martes cuando Joseph Humire, subsecretario de Defensa para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, compareció ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para defender la Operación Espada del Sur, la ofensiva militar que desde septiembre golpea embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Lo que empezó como una campaña de interdicción marítima podría convertirse en algo mucho más amplio: el Pentágono no descarta atacar rutas y escondites de carteles en tierra firme, actuar de manera unilateral en países sudamericanos y enviar tropas a nuevos destinos. Humire no quiso cerrar ninguna de esas puertas ante los legisladores.
Una lógica de disuasión con costos crecientes
La administración Trump presenta la operación como un éxito. Según cifras del Departamento de Defensa, el tráfico de embarcaciones sospechosas bajó un 20% en el Caribe y un 25% en el Pacífico oriental. Humire argumentó que la disuasión funciona precisamente porque eleva el costo y el riesgo para las redes criminales, y que la interdicción sola no alcanza para frenar el flujo de drogas.
También reveló que las operaciones ya tocaron tierra: fuerzas estadounidenses han actuado en coordinación con el ejército ecuatoriano contra grupos narcos, en lo que describió como el modelo de colaboración que Washington busca replicar en la región.
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Sin embargo, parte del contingente militar desplegado en América Latina ya fue reducido para reasignarlo al conflicto con Irán, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de una campaña que, según sus propios impulsores, apenas comienza.
El Congreso no está convencido
Los números del Pentágono no cerraron el debate, sino que lo abrieron.
El representante demócrata Adam Smith, de California, señaló que una caída en el tráfico marítimo sospechoso no necesariamente significa menos droga llegando a suelo estadounidense. Para Smith, las cifras podrían estar midiendo algo mucho más simple: que los carteles cambiaron de ruta.
La crítica más incisiva llegó del representante Gil Cisneros, quien llevó la lógica de la disuasión a un terreno incómodo para la administración. Si disparar contra sospechosos en las calles de Estados Unidos también generaría un efecto disuasivo, preguntó, ¿eso lo haría legal? La analogía apuntaba directo al corazón jurídico de una operación que nunca ha explicado con claridad bajo qué marco legal actúa fuera de las fronteras del país.
Otros congresistas pusieron el dedo en otra llaga: la ausencia de un objetivo de victoria definido y de una fecha de salida. Para varios miembros del comité, esos dos elementos ausentes hacen que la Operación Espada del Sur empiece a parecerse peligrosamente a las intervenciones militares prolongadas que Washington lleva años prometiendo no repetir.
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