Denuncian ante la CIDH ejecuciones extrajudiciales en bombardeos antidrogas de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico
El relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Ben Saul, acusó a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cometer ejecuciones extrajudiciales en sus bombardeos antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico. La denuncia fue expuesta este viernes, 13 de marzo, en Ciudad de Guatemala, en una audiencia sobre el despliegue militar estadounidense en la zona. La ofensiva ordenada por Donald Trump deja más de 150 civiles asesinados desde septiembre pasado.
La acusación elevó un debate que ya venía creciendo en la región. RTVC Noticias ha seguido durante meses las denuncias sobre ataques letales contra embarcaciones sin identificación previa de sus ocupantes, sin pruebas públicas del cargamento y sin actuaciones judiciales conocidas después de cada bombardeo.
La acusación ante la CIDH y el rechazo internacional
La intervención de Ben Saul puso en el centro el derecho a la vida y el uso de fuerza letal como sustituto de la captura. En la audiencia ante la CIDH, el relator sostuvo: “Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida”.
En meses anteriores, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó estas operaciones como ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho internacional. Colombia, por su parte, denunció ante la OEA que esos ataques unilaterales en el Caribe y el Pacífico desconocen las normas internacionales. México, Brasil y Venezuela también se unieron rechazando los bombardeos en la región.
La discusión internacional también escaló en el plano diplomático. El presidente Gustavo Petro rechazó ampliamente en escenarios multilaterales las acciones militares, catalogándolas como asesinatos. La voz del mandatario llegó hasta el escenario de las Naciones Unidas y generó declaraciones públicas de Reino Unido y Canadá.
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La resistencia del presidente Petro
El presidente Petro ha sostenido una línea de rechazo desde los primeros ataques conocidos. En octubre de 2025 denunció que entre las víctimas había colombianos y trinitarios y advirtió por el temor de las comunidades pesqueras del archipiélago. En ese momento escribió: “Colombianos, trinitarios, han muerto bajo los misiles de Trump. Los trinitarios eran pescadores. Los pescadores de San Andrés Islas y Providencia tienen miedo”.
La postura del mandatario después se endureció. Pasó a calificar uno de los ataques como un asesinato desproporcionado y pidió abrir un proceso penal internacional por esos hechos. En ese contexto afirmó: “Matar con un misil tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”.
La crítica del presidente también ha ido contra la lógica militar de Washington. En diciembre, durante un consejo de ministros transmitido al país, sostuvo que Colombia no necesita misiles para enfrentar al narcotráfico y defendió que su gobierno combate las mafias en tierra y con incautaciones, sin convertir el mar Caribe en escenario de ejecuciones. También insistió en que los jefes del narcotráfico no van en lanchas pobres, sino que se mueven protegidos por redes financieras y criminales mucho más complejas.
Civiles muertos y pescadores bajo el miedo
RTVC Noticias ha documentado que las denuncias no se limitan a cifras agregadas. En octubre informó que familiares confirmaron la muerte de un pescador colombiano en uno de los bombardeos estadounidenses, y que todo apuntaba a un ataque ocurrido en aguas territoriales de Colombia. Después reportó el caso de Alejandro Carranza y recogió la afirmación del presidente sobre su condición civil: “No son narcotraficantes ni terroristas”.
La situación golpeó de forma directa a las comunidades costeras. En San Andrés y Providencia, los pescadores raizales temen salir a trabajar por las maniobras militares en aguas cercanas. Los bombardeos atribuidos a fuerzas estadounidenses habían dejado entonces más de 60 personas asesinadas y la amenaza ya afectaba la seguridad alimentaria del archipiélago.
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El miedo también fue reportado en otras costas. Al 30 de enero de este año más de 100 personas habían sido asesinadas en el Caribe y el Pacífico por bombardeos ilegales de Estados Unidos, y en algunas ciudades suspendieron actividades por temor. En Cartagena los pescadores pasaron hasta 10 días sin salir al mar por miedo a ser atacados.
La acusación de Ben Saul ante la CIDH empuja ese expediente a un nuevo nivel. La denuncia ya no descansa solo en los reportes de víctimas o en los reclamos de gobiernos, sino en el señalamiento directo de un relator de la ONU que habló de ejecuciones extrajudiciales en serie por una campaña militar que sigue ejecutándose.