Pescadores raizales lanzan un S.O.S por fallo que restringe la pesca en el Archipiélago
A raíz de la orden emitida por el Tribunal Administrativo del Archipiélago a finales de 2025, la pesca artesanal y comercial ha quedado restringida exclusivamente para la comunidad raizal. Esta medida, diseñada para proteger los derechos ancestrales, ha generado un impacto colateral profundo: cientos de pescadores se declaran en “quiebra” al no poder integrar sus tripulaciones mixtas.
La normativa exige que la actividad en zonas tradicionales sea exclusiva para raizales. No obstante, el gremio asegura que la industria local depende históricamente de buzos colombianos o residentes no raizales, ya que la oferta de buzos de la etnia raizal es insuficiente para cubrir la demanda actual.
No te lo pierdas: Corte Suprema condena al senador Ciro Ramírez por corrupción y concierto para delinquir
Joseph Martínez Christopher, vocero de la asociación Aso Almendros, ha sido enfático en la gravedad de la situación. Martínez asegura que la medida le impide ejercer el único oficio que ha desempeñado por más de dos décadas para sustentar a su familia.
“Estamos prácticamente al borde de la quiebra. Tenemos un problema aquí en la isla y es la falta de buzos, y nosotros traemos ‘rinconeros’, es decir, foráneos colombianos. Pero ahora, con esa sentencia, nos están afectando. Llevamos ocho meses sin salir y, aunque sean buzos residentes, tampoco nos dejan salir. Capitanía de Puerto no da el zarpe si no son todos raizales”, señaló Martínez.
Esta situación no solo afecta a los dueños de embarcaciones. Los pescadores advierten que la escasa oferta de producto, sumada a la alta demanda, ha disparado el precio del pescado, afectando directamente el bolsillo de todos los isleños.
Te puede interesar: Patrimonio sumergido que emerge en San Andrés
A pesar de la urgencia, Martínez indicó que han buscado diálogos con la AUNAP y el gobierno de Nicolás Gallardo sin obtener soluciones que permitan el retorno a sus labores. Actualmente, las tripulaciones mixtas permanecen en tierra, a la espera de una respuesta que armonice el derecho al trabajo con las disposiciones del Tribunal.