Congreso inicia sesiones extraordinarias para retomar reforma pensional
Así lo confirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien explicó que el Gobierno Nacional tomó la decisión tras recibir el Auto 841 de 2025, en el cual el alto tribunal devolvió la Ley 2381 de 2024 a la Cámara de Representantes, ordenando repetir parte del debate legislativo.
"El presidente ha convocado sesiones extraordinarias con el fin de garantizar que el trámite legislativo cumpla con los principios constitucionales", dijo el ministro.
De acuerdo con la Corte Constitucional, durante el debate en Cámara, específicamente el 14 de junio de 2024, no se votó de forma adecuada una proposición sustitutiva presentada por María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros congresistas, la cual buscaba acoger el texto ya aprobado por el Senado. En consecuencia, se ordenó corregir ese procedimiento en un nuevo debate y votación.
Por este motivo, el Gobierno activó sus facultades constitucionales previstas en los artículos 138 y 200 de la Carta Magna para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias durante el tiempo necesario para subsanar el trámite.
Según explicó el decreto, esta medida busca dar continuidad a proyectos prioritarios para el país.
La Cámara de Representantes fue citada por su presidente, Jaime Raúl Salamanca, para sesionar este jueves 27 de junio a las 7:00 de la noche.
El propósito central será votar nuevamente la proposición sustitutiva sobre el proyecto de ley que crea el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y que ya había sido aprobado por el Senado.
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El fallo de la Corte también recuerda que el trámite legislativo solo podrá continuar dentro del marco de sesiones ordinarias o mediante sesiones extraordinarias formalmente convocadas, como las iniciadas hoy. La Cámara tendrá hasta 30 días hábiles para cumplir con esta orden judicial.
Finalmente, el ministro Cristo resaltó que "el Gobierno respeta la institucionalidad y actuará siempre conforme al marco legal", subrayando que este proceso busca proteger el principio de legalidad del trámite legislativo sin afectar los derechos de los ciudadanos que se beneficiarían de la reforma pensional.
