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La UNP aclaró que la compañía Pretorian Security LTDA está bajo administración de la SAE

La entidad aseguró que la Fiscalía General de la Nación entregó la empresa a la SAE, entidad que asumió su administración, reemplazó a los antiguos directivos y tomó control de sus bienes.
Pretorian Security LTDA está en manos de la SAE, según la UNP
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Camila Rivera

La Unidad Nacional de Protección (UNP) aclaró este domingo que la compañía Pretorian Security LTDA, vinculada mediante urgencia manifiesta a la Unión Temporal Alta Seguridad, no es actualmente una empresa controlada por la mafia, sino que se encuentra bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras un proceso de extinción de dominio.

La precisión surge luego de que circulara una publicación, firmada por Germán Ricaurte,  en donde se señalan presuntas irregularidades en la contratación. La UNP rechazó lo publicado y lo calificó como “falso y calumnioso”.

La UNP explicó que cuando se suscribió el contrato con Pretorian Security en 2023, la empresa no tenía procesos judiciales pendientes y estaba plenamente habilitada para contratar con el Estado.

Posteriormente, como resultado de las acciones del Gobierno Nacional contra focos de corrupción en el sector de seguridad, fue capturado el representante legal de la compañía y se incautaron varios bienes.


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Tras estos hechos, la Fiscalía General de la Nación entregó la empresa a la SAE, que asumió su control, removió a los antiguos directivos y tomó posesión de los activos.

Respecto al contrato 2705 de 2025, la UNP subrayó que este no fue adjudicado “a dedo”, como se afirmó en la publicación, sino que se ejecutó bajo la figura de urgencia manifiesta, un mecanismo legal que contempla la contratación directa en situaciones excepcionales. La entidad insistió en que la SAE, como administradora del Estado, tiene capacidad jurídica para continuar con los contratos existentes y para contratar con entidades públicas.

Finalmente, la UNP informó que, tras verificar que el autor de la publicación sería funcionario de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, iniciará acciones legales y disciplinarias por los delitos de injuria y calumnia contra la entidad. 

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