Le ofrecimos a Colombia cooperación técnica para cumplir las recomendaciones: presidenta de la CIDH
En conversación con Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, manifestó que le ofrecieron al Gobierno Nacional un mecanismo especial de cooperación técnica, con el propósito de que Colombia cumpla con las recomendaciones presentadas por el organismo internacional.
“Nosotros hablamos de un mecanismo de seguimiento, en el que se le ofrece al Estado cooperación técnica para el cumplimiento de las recomendaciones, pero no estamos proponiendo ninguna comisión que se instale en Colombia y reemplace la institucionalidad de la Nación”, especificó.
Indicó que, al tratarse de un monitoreo y no de una sentencia, el país no está obligado a cumplir las recomendaciones, pero advirtió que, al someterse al Sistema Interamericano de DD.HH., cualquier Estado debe acatar de buena fe las sugerencias proporcionadas por la Comisión.
Detalló que existe un principio de discrecionalidad que le otorga libertades al país para que acate autónomamente y sin intromisiones las recomendaciones, siempre y cuando respeten los estándares internacionales.
“Hay sugerencias que son más fáciles de cumplir y otras que requieren distintos poderes del Estado, por eso realizamos este seguimiento y ponemos a disposición nuestra cooperación técnica”, apuntó.
Urrejola manifestó que es normal que el informe haya recibido tantos cuestionamientos, considerando que su elaboración es el resultado de una crisis social en la que convergen distintos sectores sociales y políticos.
“No es algo que veamos con preocupación en la medida de que sigamos manteniendo los canales de diálogo con el Estado colombiano. Y lo que vimos en Colombia es que existe un gran nivel de polarización, por eso tomamos en consideración toda la información que recibimos del Gobierno, del poder legislativo, de la oposición, de empresarios, de órganos de la sociedad civil y de las víctimas”, subrayó.
Frente a las declaraciones del presidente Iván Duque, en las que señala que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con la criminalidad”, la presidenta de la Comisión afirmó que el informe en ningún momento respalda la violencia y las actuaciones que vulneren los derechos fundamentales de los demás ciudadanos.
“La Comisión claramente en su informe no respalda ni la violencia, ni los bloqueos, en los que se afectan otros derechos fundamentales. Al contrario, somos claros en pedir que se erradique la violencia, y que se investiguen y sancionen esos crímenes. Bajo ningún pretexto la Comisión va a respaldar la criminalidad”, anotó.
Resaltó que en el reporte también se condenaron los actos vandálicos y violentos, las afectaciones en materia de abastecimiento provocadas por los bloqueos, así como las agresiones y asesinatos de miembros de la Fuerza Pública.
Respecto al apartado del informe en el que se enuncia la necesidad de separar la Policía del Ministerio de Defensa, Urrejola sostuvo que esta recomendación se realizó en función de una actuación militarizada de la Policía en el ejercicio de restablecer el orden público. Aunque precisó que más allá de enfocarse en la sugerencia de dependencia estructural, es más importante concentrarse en la rendición de cuentas de aquellos uniformados involucrados en los excesos, en revisar los protocolos relacionados con el manejo de la protesta pacífica y en capacitar a los miembros de la Fuerza Pública en Derechos Humanos.
“Lo más importante es trabajar en mejorar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de investigaciones imparciales y exhaustivas. Incluso, hacemos algunas sugerencias respecto a la Justicia Penal Militar y cómo el Sistema Interamericano de DD.HH. ha sido enfático en que la aplicación del fuero militar es incompatible con la Convención Americana”, dijo.
Mencionó que algunas recomendaciones no están dirigidas únicamente al Gobierno Nacional, sino también a las distintas autoridades e instituciones del país, entre ellas el poder legislativo y los gobiernos locales y municipales. No obstante, aclaró que la autorización para realizar el seguimiento de los avances y las respectivas visitas de trabajo están dentro de la prerrogativa y anuencia del máximo mandatario colombiano.
Por último, explicó que la Comisión tiene la potestad de apoyar a los distintos órganos en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos a través de un mecanismo llamado GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), pero que en ningún momento se ha contemplado esta opción, en vista de que Colombia tiene una institucionalidad fuerte.
