Presidente Petro se refirió al Catatumbo: "Estamos a un año de un delito de lesa humanidad"
Un año después del desplazamiento masivo y de la masacre ocurrida en Tibú, la región del Catatumbo, en Norte de Santander, continúa marcada por la violencia armada, el control territorial ilegal y graves afectaciones a la población civil. El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre lo ocurrido en enero de 2025 y calificó los hechos como un delito de lesa humanidad.
El 15 de enero se cumplió un año del asesinato de una familia integrada por un bebé de nueve meses y sus padres, un crimen que detonó una escalada violenta entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde entonces, la confrontación ha dejado cerca de 200 personas asesinadas, según los balances disponibles.
A través de su cuenta en X, el jefe de Estado se pronunció sobre lo sucedido.
“Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo”, escribió el mandatario, al señalar que la sangre derramada responde a “codicia y poder”, y no a ideales revolucionarios. En sus mensajes, el presidente insistió en que la violencia contradice cualquier discurso de paz y transformación social.
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El pronunciamiento presidencial se dio tras la publicación de un informe de la Defensoría del Pueblo, que concluye que, a un año de la escalada armada, la guerra persiste y se ha transformado, sin que la población civil haya salido del centro del conflicto.
El documento, titulado “Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz”, identifica al ELN y al Frente 33 de las disidencias de las Farc como los principales responsables de la violencia en esta zona de frontera con Venezuela, un territorio clave para el tránsito y control de actividades ilegales.
¿Por qué el Catatumbo sigue siendo un territorio en disputa?
Según la Defensoría, la posición geográfica estratégica del Catatumbo explica buena parte del conflicto, al facilitar el paso transfronterizo de economías ilícitas. Esta condición ha intensificado el control territorial armado, la presión sobre comunidades y la imposición de normas ilegales en la vida cotidiana.
La entidad advierte que la violencia no solo se mantiene, sino que se ha reciclado, incorporando nuevas formas de intimidación y dominación sobre la población.
A doce meses del desplazamiento masivo, la población civil continúa enfrentando desplazamientos forzados, amenazas, confinamientos y despojo de tierras. Con base en datos de la Unidad para las Víctimas, la Defensoría reportó que entre enero y diciembre de 2025 fueron incluidas en el registro más de 105.000 personas, principalmente por desplazamiento.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que los testimonios recogidos en el territorio describen hechos que podrían constituir crímenes internacionales, al tratarse de ataques sistemáticos contra comunidades campesinas.
La Defensoría alertó que la persistencia del conflicto pone en riesgo las elecciones de 2025 y 2026, al afectar garantías democráticas, la participación política y la seguridad de candidaturas e infraestructura electoral, una preocupación respaldada por informes de la Misión de Observación Electoral (MOE).
A un año de la masacre de Tibú, el Catatumbo sigue atrapado entre la violencia armada y los anhelos de paz. La expectativa de las comunidades, recogida por la Defensoría del Pueblo, es que los anuncios oficiales se traduzcan en presencia efectiva del Estado, inversión social sostenida y garantías reales de derechos, en un territorio donde la guerra sigue sin dar tregua.
Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo solo por controlar campos de hoja de coca . Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder cuando se hablaba de amor eficaz, vida y paz.
Los destinos diferentes de la…— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2026