Sectores populares se movilizarán este 28 de enero en defensa del salario vital
Las centrales obreras y confederaciones de pensionados anunciaron una movilización nacional para el miércoles 28 de enero de 2026, en defensa del decreto que fijó el incremento del salario mínimo para este año. La convocatoria plantea concentraciones simultáneas frente a los palacios de justicia en todo el país, a partir de las 10:00 de la mañana, como respuesta directa a las demandas judiciales que buscan anular la decisión del Gobierno.
La jornada es promovida por el Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, la CTC, la CGT, la CPC y la CDP, organizaciones que consideran que el debate alrededor del salario mínimo se ha trasladado del terreno técnico al escenario político y jurídico.
Las organizaciones sindicales explicaron que la movilización se produce en un momento clave, tras la admisión de varias acciones legales contra el decreto expedido por el Gobierno nacional, mediante el cual se estableció un incremento del 23 % al salario mínimo para 2026.
Desde su perspectiva, las demandas representan una ofensiva del empresariado, gremios económicos y sectores políticos de oposición, orientada a frenar una medida que, aseguran, busca dignificar el ingreso de la clase trabajadoray fortalecer el poder adquisitivo de millones de hogares.
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Para las centrales obreras, el decreto cuenta con pleno sustento legal y constitucional. Recordaron que la Comisión Nacional de Concertación y la normativa vigente facultan al Ejecutivo para fijar el salario mínimo cuando no se logra un acuerdo entre trabajadores y empleadores.
Asimismo, subrayaron que la medida desarrolla el artículo 53 de la Constitución, que consagra el principio del salario mínimo vital y móvil, y señalaron que el concepto de salario vital ha sido respaldado por estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre ingresos dignos.
Uno de los principales argumentos de las organizaciones sindicales es que no existe evidencia técnica sólida que demuestre que los incrementos del salario mínimo generen destrucción de empleo. Por el contrario, sostienen que un mayor ingreso fortalece el mercado interno, dinamiza el consumo y contribuye a la estabilidad económica.
En ese sentido, destacaron que el Gobierno del Cambio adoptó medidas complementarias para evitar impactos indirectos, como la desindexación de bienes y servicios tradicionalmente atados al salario mínimo, entre ellos copagos, cuotas moderadoras, multas, comparendos y arriendos.
Las centrales cuestionaron los incrementos en el transporte público anunciados en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, al considerar que superan ampliamente la inflación y trasladan el costo a los usuarios.
Frente al debate inflacionario, afirmaron que el aumento del salario mínimo no es el principal factor del alza de precios en Colombia. Según indicaron, la inflación responde en mayor medida a decisiones empresariales, a la inflación de los productores y a factores estructurales como combustibles, intermediación financiera y rentas monopólicas.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, calificó el incremento del salario mínimo como un acto de justicia social, al considerar que por primera vez se avanza de manera decidida en la dignificación del ingreso de quienes devengan el salario mínimo.
Las organizaciones convocantes concluyeron que defender el decreto es defender la Constitución, la democracia social y el derecho de los trabajadores a vivir con dignidad. Por ello, advirtieron que no permitirán retrocesos y que la defensa del salario mínimo continuará en los escenarios jurídico, político y de movilización social.