La SIC sanciona a funcionario y contratista por direccionar procesos de contratación en favor de una misma empresa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a un funcionario público vinculado a la ECSAN y a un contratista del Estado adscrito al IDIPRON por participar en un esquema que, según la entidad, buscó direccionar siete procesos de contratación pública en favor de San Marcos Servicios Ambientales S.A.S..

La decisión, se deriva de una investigación administrativa en la que la SIC concluyó que la empresa implementó un sistema anticompetitivo para manipular procesos adelantados por la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander (ECSAN) y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).

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¿Qué encontró la SIC en la investigación?

De acuerdo con la Superintendencia, San Marcos Servicios Ambientales S.A.S. habría intervenido en los procesos mediante contactos al interior de las entidades contratantes, acceso a información privilegiada, ajustes a documentos del proceso y promesas o pagos de dádivas para favorecer su oferta.

La autoridad también señaló que el personal vinculado a las entidades habría tenido un rol clave como estructurador y evaluador técnico, lo que les permitió conocer de primera mano las condiciones de los procesos, la apertura de las convocatorias y la evaluación de las propuestas.

Según el fallo, cuatro de los siete procesos fueron adelantados por la ECSAN y tres por el IDIPRON. En todos, la empresa investigada terminó obteniendo la adjudicación, de acuerdo con la SIC.

La Superintendencia sostuvo que este tipo de prácticas afectan la libre y sana competencia, alteran las reglas de selección contractual y comprometen recursos públicos que deben ser protegidos.

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Una decisión que aún no está en firme

La SIC aclaró que la decisión aún no está en firme, pues se encuentra en proceso de notificación a los sancionados. Contra el acto administrativo procede el recurso de reposición, conforme al artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

La entidad destacó además que este caso reúne varias señales de alerta de conductas restrictivas de la competencia en contratación pública, y recordó que las visitas de inspección, los correos electrónicos y las conversaciones analizadas fueron clave para sustentar la investigación.

La sanción, en criterio de la SIC, busca reforzar la protección de la competencia como un derecho de interés colectivo y enviar un mensaje frente a prácticas que puedan lesionar el patrimonio público y la transparencia en los procesos estatales.