Gobierno regula el uso de celulares y dispositivos en elecciones 2026
El Gobierno nacional expidió el Decreto 0211 de 2026, mediante el cual se modifican disposiciones del Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 relacionadas con las medidas de orden público para las elecciones de Congreso de la República y de Presidencia y Vicepresidencia que se realizarán en 2026.
La normativa precisa las reglas sobre el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y dispositivos electrónicos dentro de los puestos de votación, con el objetivo de garantizar el secreto del voto, prevenir prácticas que afecten la libertad del elector y fortalecer la transparencia del proceso democrático.
De acuerdo con el decreto, durante la jornada electoral no se permitirá el uso de estos dispositivos dentro de los puestos de votación entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
No te lo pierdas: Iván Cepeda lidera con 43,0% y Abelardo de la Espriella lo sigue con 23,4% en intención de voto para primera vuelta, según Invamer
Sin embargo, se establecen excepciones claras para los medios de comunicación debidamente identificados y para los funcionarios del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y personerías), así como para servidores de otros órganos de control y de la Fiscalía General de la Nación designados para la vigilancia electoral.
Asimismo, se precisa que los ciudadanos únicamente podrán utilizar el celular dentro del puesto de votación cuando sea necesario para exhibir la cédula digital ante el jurado de votación.
En el caso de los testigos y observadores electorales, el decreto establece que podrán ingresar con dispositivos electrónicos, pero no utilizarlos durante el horario de votación. Solo después del cierre de las urnas, a partir de las 4:00 de la tarde, podrán emplearlos en el marco de sus funciones de vigilancia del proceso electoral y seguimiento a los escrutinios.
Te puede interesar: Las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena se realizarán el próximo 23 de noviembre
Con esta medida, el Gobierno nacional busca brindar mayor claridad normativa a las autoridades civiles, electorales y de policía encargadas de garantizar el desarrollo de las elecciones, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el sistema democrático.