Organizaciones sindicales de trabajadores iniciarían manifestaciones indefinidas desde las afueras de las instalaciones de la Unidad a partir del lunes 31 de enero.
Las poblaciones que dependen económicamente de este popular destino turístico se han visto gravemente afectados, al punto de tener que cerrar sus establecimientos.
La Corte calificó los hechos como un exterminio y encontró que el Estado era responsable internacionalmente por el incumplimiento de sus deberes de respeto, y de garantía, por las privaciones del derecho a la vida.
