Decretan medida cautelar a resolución sobre aleteo en Colombia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender de manera inmediata los efectos de la expresión "aleta de tiburón" de la resolución proferida por el Ministerio de Agricultura hace unos meses, con la que autorizó la pesca de 475 toneladas de tiburón. La decisión se tomó al considerar que con los cupos de pesca para 2020 se abría la posibilidad de contar con un cupo de aletas, lo que permitiría esta actividad que está prohibido en Colombia desde 2017.

Ante este panorama, el Tribunal dictó las medidas cautelares al acoger la solicitud de un grupo de demandantes que aseguraba que con esta resolución se iba a generar una grave afectación al medio ambiente, ya que se vinculaban varias especies de tiburones y rayas que estaban en peligro de extinción por la caza, por lo que en vez de motivar a que las cazaran debían tomarse medidas para protegerlas.

“La inminencia en riesgo de afectación de los bienes jurídicos difusos como consecuencia de establecer las aletas de ciertas especies de tiburones como recursos individuales asignándoles un cupo de pesca, se propicia el imaginario de que sería viable emplear la práctica del aleteo en cuanto a esos especímenes se refiere”, explica el fallo.

En este punto, los demandantes indicaban que los límites que fijaba la resolución frente a la caza artesanal de 475 toneladas de tiburón y 15.1 toneladas de aletas de tiburón, no contaban con estudios e información clara, posición que aunque no apoyó el Tribunal, sí ordenó que en máximo 20 días se aporten los estudios y controles que el Estado ha hecho en los últimos 5 años sobre la pesca de dichas especies.

“El hecho de que exista la posibilidad de que se confunda a la población respecto de llevar a cabo la práctica del “aleteo” en determinados especímenes de tiburón a partir del 2020, sí representa un peligro que debe ser conjurado de manera inmediata", resaltó el Tribunal.

Igualmente, la demanda advierte que el corte de las aletas a los tiburones para su comercialización genera no solo un gran impacto ambiental, sino una destrucción de la especie y un aumento de su venta en el mercado negro.

Ante estas conclusiones, el Tribunal solicitó un informe de los permisos que se han dado para la pesca de estas especies, los mecanismos de monitoreo y las acciones para preservar las especies amenazadas así como los métodos usados para diferenciar entre las especies protegidas y las permitidas.

Finalmente, el alto tribunal le pidió a Invemar y al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico un informe sobre la biodiversidad de la marina nacional en los últimos 10 años y cómo se ha visto impactada por la pesca industrial y artesanal.