Fiscalía pidió que el gobernador de Tolima sea enviado a la cárcel
Por: Colprensa
La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que envíe a la cárcel al actual gobernador de Tolima, Óscar Barreto, y al exgobernador de ese departamento, Fernando Osorio Cuenca, por su presunta participación en las irregularidades en la firma del convenio Andrés Bello.
Para la Fiscalía, tanto el mandatario como el exfuncionario podrían obstruir la investigación que adelanta el ente acusador, por los hechos que rodearon la suscripción del Contrato 336, entre la gobernación y el Convenio Andrés Bello (Secab), para la dotación de infraestructura tecnológica para instituciones educativas.
Por su parte, el representante de la Procuraduría General de la Nación también estuvo de acuerdo con la petición de la Fiscalía, y solicitó cárcel para Barreto, bajo el argumento de que los delitos por los que él es investigado son "graves". No obstante, el ministerio público pidió que el exgobernador Osorio sea cobijado con detención domiciliaria, debido a su edad, ya que tiene más de 70 años.
"Sería desproporcionado que se le imponga una medida en centro carcelario, debido a su edad (...) El señor Osorio debe ser recluido en su residencia, considerando que se le haría un daño a una persona mayor", señaló la Procuraduría.
Por su parte, la defensa del gobernador de Tolima, en cabeza de Wilson Vallejo, le pidió al magistrado de control de garantías que no imponga ningún tipo de medida de aseguramiento, dado que el abogado aseguró que Barreto seguirá asistiendo ante las instancias judiciales para demostrar su inocencia.
Para la defensa, el actual mandatario no puede interferir en esta investigación, dado que los hechos por los que es investigado ocurrieron hace casi diez años. Según señaló Vallejo, su cliente no tiene ninguna clase de antecedentes penales, por lo que pidió que el gobernador siga en libertad, para que pueda seguir ejerciendo su cargo, como mandatario departamental.
En ese sentido, el magistrado decidirá el próximo martes 7 de marzo si impone una medida de aseguramiento contra los dos acusados.
¿DE QUÉ SON SEÑALADOS?
El mandatario y el exgobernador son investigados por la suscripción de un contrato cuyo valor supera los 1200 millones de pesos, fue firmado en 2007 con el fin de entregar sillas e impresoras, entre otros implementos tecnológicos. Además se propuso capacitar a rectores y directores de instituciones educativas. Sin embargo, para la Fiscalía, el contrato no se ejecutó adecuadamente y en el momento en el que fue liquidado no se intentó proteger los recursos de la Gobernación.
“Este convenio tiene varias irregularidades, la primera tiene que ver con la suscripción del convenio sin los requisitos legales, por otra parte a través de esos contratos lo que se hizo fue apropiarse a favor de terceros de recursos estatales, además, con ocasión de esas irregularidades en función de liquidación de ese contrato se cometió el delito de prevaricato por omisión”, señaló la Fiscalía ante el Tribunal.
Según el ente de control, el contrato entre la Gobernación y la Secab durante la administración de Fernando Osorio Cuenca no se cumplió a cabalidad, y cuando se intentó liquidar unilateralmente por parte del actual gobernador, mediante una resolución el 6 de noviembre de 2009, se vulneraron principios como el de “economía”, al no hacer un estudio jurídico pertinente de las consecuencias para el erario del departamento.
La Fiscalía estima que por no haber liquidado de la manera adecuada el convenio, la Gobernación perdió el derecho a obtener 1700 millones de pesos, dado que el Secab había incumplido parte del contrato.
“Los convenios fueron liquidados unilateralmente sin verificar los requisitos legales, y por ejemplo no se registró que la Secab había incumplido en algunos aspectos (…) No se hizo un balance técnico y jurídico, por lo que el gobernador Óscar Barreto desconoció los principios de contratación estatal”, señaló el fiscal del caso.
La Fiscalía agregó que “con este proceso de liquidación no se hizo un estudio técnico, ni jurídico. Y no se detallaron aspectos financieros contemplados en el convenio inicial (…) El gobernador no tuvo en cuenta que antes de la expedición del acto unilateral hubo un proyecto de liquidación de mutuo acuerdo, el gobernador desconoció los principios administrativos, de eficacia y economía de la Ley, que regula la liquidación de los contratos”.
La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al actual gobernador de Tolima por los delitos de prevaricato por omisión, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado, de los cuales se declaró inocente.
