La verdad es la más sacrificada en el caso del Palacio de Justicia hace 30 años

Por su parte, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien para la época laboraba como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó que aún quedan muchos cabos sueltos en la reconstrucción de la verdad de lo sucedido en el Palacio.

“Una de las alternativas que se ha mencionado reiteradamente, es la que ustedes señalan, la de la ‘Operación Ratonera’ y la segunda, pues un acto de desidia, de descuido por parte de la Policia que pese a todas las advertencias que había sobre un atentado contra los magistrados de la Corte y el Palacio de Justicia ordenó retirar la vigilancia pocos días antes de la toma”, aseguró el Ministro Reyes.

Al respecto se pronunció el Presidente del Congreso de la República, el Senador Luis Fernando Velasco, quien aseguró que “se debería pensar en una verdad sin efectos judiciales, pero en una verdad que limpie todo esto”, porque son muchas las versiones que se tejen desde las víctimas y otra desde los presuntos victimarios.

“Hay ministros que son los grandes analistas de la vida pública del país, algunos de ellos con una lengua muy afilada quienes califican a quienes posteriores a ellos han tenido responsabilidades políticas, pero se quedan callados cuando se les preguntan sobre la verdad del Palacio de Justicia”, explicó el Velasco.

El Senador Velasco también indicó cuestionó por qué aquellos ex funcionarios “se quedaron callados frente a las demandas del Presidente de la Corte; por qué no tuvieron el carácter de decir: se está cometiendo una locura, y esos ministros también tienen que hablar”.

De otra parte, las familias de los militantes del M-19, grupo guerrillero que se tomó el Palacio de Justicia hace 30 años, también exigen justicia; de acuerdo con el relato de María Fernanda Molina, hermana de Mónica Molina Beltrán de 19 años y quien para la época militaba en éste grupo, su familia viene exigiendo la identificación de los restos óseos de su hermana.

“El Fiscal General anunció en septiembre del 2014 que los restos ya habían sido identificados, pero a nosotros no nos han entregado hasta ahora nada, porque, la identificación fue de un fémur y de otra parte del cuerpo que no sabemos bien, y hemos solicitado que se haga una búsqueda exhaustiva de los demás restos porque éstos fueron hallados en medio de otros restos de individuos ya identificados”, señaló María Fernanda Molina.

Ya es hora de tomar determinaciones frente al holocausto del Palacio

Frente a las pruebas que se han recopilado en medio de las investigaciones que se adelantan por cuenta de éstos hechos, el ex Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar indicó que ya se tiene demasiada información que puede permitir el señalamiento y enjuiciamiento de los responsables de la desaparición de las víctimas en ésta situación.

“Yo he creído que las investigaciones van adelantadas, he creído que todos los años se oyen frases, se ven documentos que permitirían sostener que ya es el momento para tomar decisiones y no seguir simplemente prometiendo más investigaciones; deben tomarse decisiones, buscarse a los responsables e intensificar la búsqueda de las personas desaparecidas”, aseguró el ex Procurador.

El jurista puntualizó que el reconocimiento de la responsabilidad por parte del Estado es un acto “que si bien no repara el daño que se ocasionó a muchas familias, al menos es una tranquilidad de que el Gobierno y las autoridades reconozcan su propia responsabilidad”.

Gobierno colombiano pidió perdón a familiares de las víctimas del Palacio de Justicia

En medio de una ceremonia solemne en la que se recordó a cada una de las personas que murieron en el holocausto del Palacio de Justicia ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, el Presidente de la República Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del Estado colombiano frente a éstos hechos.

De esta manera el jefe de Estado cumplió la orden proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la nación por la desaparición de al menos 11 personas, el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán y las torturas a los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson.

"Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda", aseguró el Presidente Santos.

Al aceptar la responsabilidad del Estado en la muerte del magistrado Urán, el presidente Santos, aseguró que "con estos hechos el Estado violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo primero de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada"

El mandatario también pidió perdón por la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal.

"Adicionalmente, quiero manifestarles a los padres, a las madres, a las esposas y esposos, a los y las compañeras permanentes, a los hijos, a los hermanos de las víctimas, que lamentamos profundamente lo ocurrido con sus familiares. Algunos padres, abuelos, familiares, murieron con la angustia de no haber conocido la suerte de sus seres queridos, y eso también nos duele", señaló el Jefe de Estado.

En nombre del Estado, el Presidente Santos también pidió perdón "por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia", además por la violación de los derechos de las víctimas "a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Puntualizó el Presidente Santos que con éste holocausto se violaron disposiciones internacionlaes "como del artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura".