Corte Constitucional ordena protección para mujer venezolana víctima de trata de personas

Yolanda, como hemos llamado a esta mujer para proteger su identidad verdadera, es una venezolana a la que una vecina le ofreció trasladarse a Colombia para vender tintos y así mejorar su condición económica. Le ofrecieron pagarle los costos del viaje, hospedaje y comida tanto a ella, como a su esposo y a sus dos hijas, de seis y ocho años. Pero se encontró con otra realidad.

Yolanda aceptó la propuesta y al cruzar la frontera una persona la estaba esperando para trasladarla al lugar donde iba a residir y trabajar. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, la vecina que le hizo la oferta le dijo que no había venido a vender tintos, sino a prostituirse.

“Ella me dice no, tú no vienes a trabajar vendiendo tintos, tú vienes es a trabajar de prostituta, y tú hija de ocho años ya tiene clientes, ella se tiene que acostar con personas mayores a las que les gusta estar con menores de edad. Y yo le dije que no, ella se alzó mucho, agarró un cuchillo y me amenazó”, recordó Yolanda.

Antes de que Yolanda pudiera escapar de ese lugar, uno de los tratantes la empezó a acosar sexualmente y, finalmente, la agredió sexualmente. Cuando el hombre intentó abusar de una de sus hijas, pudieron escapar de la vivienda y resignarse a vivir en la calle mientras encontraban ayuda.

Aunque Yolanda y su familia acudieron a las autoridades colombianas, la respuesta no era la esperada. Por ejemplo, en la Fiscalía General se determinó que su caso no era trata de personas con fines de explotación sexual, sino de inducción a la prostitución.

“Yo fui para exigir protección y el señor de la Fiscalía dijo que ¿qué protección? Nada, y salió con muchas groserías (…) Me siento muy mal porque no están cumpliendo con lo que deberían cumplir, si yo tuviera dinero no dependería de ellos, pero no hallo que hacer, estoy amenazada, ellos me dicen venga, pero no pasa nada”, dijo.

Ante esta tipificación del delito que ha hecho la Fiscalía General, según la abogada de la organización Women's Link Worldwide, Ana Margarita González, se evita que se activen las rutas de ayuda para apoyar a Yolanda y a su familia, lo que agrava la situación por la que están atravesando.

“El delito de trata de personas es relativamente nuevo en la legislación colombiana y eso causa que haya mucho desconocimiento del mismo por parte de las autoridades encargadas de la investigación penal (…) En este caso encontramos que en Colombia existe falta de capacitación a los funcionarios (…) En este caso además operaron estereotipos de género y por el hecho de ser una mujer migrante las autoridades le restaban credibilidad a su relato frente a lo que le sucedió”, afirmó González.

Ante estos hechos, Women's Link Worldwide llegó el caso ante la Corte Constitucional, que ordenó que Yolanda tenga acompañamiento psicosocial, jurídico, seguridad, educación, alojamiento, afiliación a salud y apoyo para resolver su situación migratoria, derechos que le fueron negados desde que llegó a Colombia y que por primera vez el alto tribunal protege en el caso de una mujer migrante.

Asimismo, la Corte ordenó que, como medida provisional, la Secretaría de Gobierno o la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Lucha Contra la Trata de Personas activen la ruta de trata de personas en beneficio de Yolanda y su familia.

Adicional, el alto tribunal pidió información al Comité Interinstitucional para la lucha contra la Trata de Personas sobre este problema en migrantes venezolanas y las medidas adoptadas para afrontarlo, y solicitó información a diferentes autoridades públicas sobre las medidas concretas que se tomaron en el caso de Yolanda.

“La decisión provisional de la Corte Constitucional permitirá mejorar de manera inmediata la situación de Yolanda y su familia. Esperamos que cuando la Corte emita una decisión de fondo sobre este caso, muchas más mujeres víctimas de trata, sin importar su nacionalidad ni su estatus migratorio, puedan acceder a las medidas de corto y mediano plazo contempladas en la ley que les permitan recomponer sus vidas”, explicó González.

Además, precisó la abogada que “en Colombia persisten fallos históricos en la protección e identificación de víctimas de trata, que se han agravado debido a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, la continuación del conflicto armado y la pandemia de Covid-19. Es hora de que el Estado adecue su actuación a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”.

Women's Link Worldwide recuerda que si a una persona le hacen ofertas con altos salarios, facilidades para trámites como papeles y viajes u ofertas sospechosas por redes sociales desconfíe, ya que puede ser víctima de trata de personas, trabajo forzado, matrimonio servil, reclutamiento forzado, entre otros delitos.