Procuraduría pide retirar minas antipersona en 324 municipios

El procurador general, Fernando Carrillo, instó al Gobierno Nacional adoptar las medidas para retirar las minas antipersona, ubicadas en al menos 324 municipios del país, que entre 1990 y marzo de 2020 han causado 11.841 víctimas.

Carrillo advirtió que teniendo en cuenta que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020, se presentaron 37 accidentes por minas antipersona que dejaron a 29 víctimas civiles, entre ellas 10 menores de edad, es urgente continuar las operaciones de desminado.

Para el jefe del Ministerio Público esto indica que se continúa el uso recurrente de estos explosivos que ponen en mayor riesgo a los departamentos de Putumayo, Norte de Santander, Chocó, Nariño y Antioquia.

Por su parte, la procuradora delegada con Funciones de Seguimiento al Acuerdo de Paz, Elena Ambrossi, aseguró que se debe continuar dichas acciones, además fortalecer la educación en los territorios sobre el control de las minas y actualizar en cuáles municipios se encuentran esos artefactos que "en 2017 presentaron 60 víctimas, en 2018, 175, en el 2019, 111 y en el primer trimestre de 2020, 37".

Ambrossi, resaltó que es esencial garantizar la protección de los pueblos indígenas y las comunidades priorizadas en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, creando estrategias de acción integral contra las minas, de forma concertada con los pueblos que allí residen.

"Especialmente, la intervención sobre los Embera, ubicados en los municipio de Puerto Libertador e Ituango y en el departamento de Córdoba; Jiw, en San José del Guaviare; Nukak, en los departamentos de Guaviare y Meta, y Awá en el departamento de Nariño, y los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera, Río Chagüí, y la vereda La Alsacia, en el departamento del Cauca (...) Se debe intensificar la acción de desminado humanitario en estas zonas para la implementación del acuerdo de paz", explicó.

Ante este hecho, el jefe del organismo de control recomendó a la Oficina del Alto Comisionado acompañar a los alcaldes y gobernadores en el diálogo con las comunidades en los territorios donde se realizan actividades con operadores civiles de desminado humanitario, para que escuchen a las víctimas y comunidades afectadas y garanticen su participación en las actividades de educación y prevención en el riesgo de minas.

Carrillo además pidió que las entidades territoriales definan la incorporación de los componentes de la política pública en los diferentes planes, "para fortalecer los procesos de asistencia técnica y jurídica, especialmente a los 170 municipios pertenecientes al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y de aquellos que han sido afectados por presencia o sospecha de minas antipersona".

Finalmente, Ambrossi señaló que, en estos 170 municipios, solo 23 no tienen amenazas de víctimas y 86 no han sido priorizados pese a estar en riesgo por estos artefactos.