Así será la nueva política de vivienda rural que beneficiará a más de 36 mil familias

El Gobierno presentó la política pública de vivienda rural, que tiene como objetivo disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo rural en Colombia, para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias del campo por medio de soluciones de vivienda digna.

Esta carta abre paso a la construcción y mejoramiento de casas en más de 1.100 municipios del país y también contempla la posibilidad de subsidios para adquirir vivienda de interés social en las zonas rurales. La meta en los primeros años de implementación (2021-2022) es beneficiar a 36 mil 799 hogares rurales.

“Nuestra intención es llegar a 36 mil intervenciones, de las cuales, alrededor de 26 mil intervenciones corresponden a mejoramientos y 10 mil a construcción de vivienda nueva”, puntualizó el viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz.

El funcionario explicó que para acceder a la política los beneficiarios deben cumplir con tres requisitos mínimos: primero, tener un lote o título de propiedad; segundo, que el espacio no esté ubicado en sitio de riesgo; y tercero, hacer parte de alguna de las listas del Estado (Red Unidos, Sisbén, Víctimas, etc.).

En el caso de las personas que no poseen un predio propio, Ruiz haca la aclaración de que “en aquellos casos puntuales, el Estado está buscando una oferta complementaria para poder llegar a esas familias”.

Para el viceministro, el país tiene una deuda con las regiones más apartadas, donde el déficit habitacional es muy alto, y que justamente se ha creado este marco de política para poder llegar a esas zonas. Señaló que el plan es iniciar por aquellas zonas más difíciles y con mayor déficit.

“Por ejemplo, hay unos costos de transporte que suelen ser siempre la principal dificultad para poder hacer los cierres financieros, en este caso estamos reconociendo unos valores adicionales del transporte para poder llegar a esas zonas apartadas donde históricamente el Estado no ofrecía una oferta en materia de vivienda”, expuso.

La política prestará especial atención a casos de municipios que:

• Presentan indicadores críticos en materia de pobreza y déficit habitacional.
• Hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS).
• Zonas donde haya compromisos adquiridos entre el Estado y las organizaciones o comunidades étnicas, sociales y campesinas, así como obligaciones de carácter legal (restitución de tierras).

Por otro lado, la política de Vivienda Rural beneficiará a los hogares vulnerables que viven en zona rural y que requieren una nueva o el mejoramiento de la que ya poseen. En cuyo caso, prioriza el otorgamiento de vivienda digna a hogares rurales con:

• Jefatura femenina.
• Madres comunitarias.
• Personas en condición de discapacidad, adultos mayores y niños menores de cinco años.
• Miembros de comunidades étnicas (indígenas, afrodescendientes, raizal, negra, palenquera, Rrom).
• Población víctima del conflicto armado registrada ante la UARIV.
• Excombatientes en proceso de reincorporación.

La política hace parte de los esfuerzos del Gobierno para reactivar la economía nacional, por lo que espera crear alrededor de 100 mil empleos. El viceministro indicó que “a nivel urbano hemos tenido muy buenos resultados en materia de empleo, con más de 400 mil empleos que se han generado de abril hasta hoy, y a través de vivienda rural, esperamos que se creen alrededor de unos 100 mil empleos, que son un poco más de 60 mil empleos indirectos y más de 30 mil directos”.

Para apalancar esta iniciativa se destinaron 161 mil millones de pesos de inversión y para su desarrollo habrá un ejercicio de cofinanciación con cada entidad territorial. “Dependiendo del tipo de municipio va a haber cofinanciaciones que van desde el 50-50, hasta aquellas más vulnerables que va a ser 80% el gobierno y 20% el gobierno territorial”, especificó.

La convocatoria estará abierta del 21 de octubre al 24 de noviembre. En este periodo los alcaldes y gobernadores deben presentar sus propuestas de cofinanciación de proyectos de vivienda rural, de mínimo 200 hogares por grupo de municipios.

Asimismo, para la construcción de la política de vivienda rural se desarrolló la estrategia de diálogo social ‘Construyamos Juntos’, en la que participaron 943 municipios, 2 mil 320 organizaciones sociales rurales y 12 gremios productivos.

“Ya llevamos más de siete meses en ese ejercicio participativo para construir una política desde los territorios y estamos haciendo este ejercicio de centralización para ya poder ofrecer algo que se adapte a las demandas que nos expresaron”, dijo el viceministro.

En el proceso de la estrategia, se clasificaron los municipios ‘rojos’ y ‘verdes’ según variables socioeconómicas, poblacionales y productivas, donde los rojos representaron aquellos municipios con indicadores más críticos y con mayor déficit de vivienda rural.

También se diseñaron seis tipos de vivienda rural totalmente adaptables al clima y a las costumbres de las comunidades. Además, son funcionales de acuerdo con el ciclo de vida de todos los miembros del hogar, donde los niños, adultos y personas de la tercera edad puedan vivir de una manera más segura y prevenir violencias.

Dentro del reconocimiento al costo en transporte de materiales para zonas difíciles, del que se habló anteriormente, se destaca que es la primera vez que se tiene en cuenta este aspecto y que, por ende, el valor del subsidio familiar de vivienda rural será variable para garantizar la construcción o mejoramiento de la vivienda en zonas donde la infraestructura vial terrestre sea inexistente o precaria o cuando el acceso sea por vía fluvial, aérea u otro medio como uso de animales de carga.

Para conocer más de la política de vivienda rural, los interesados se pueden remitir a la página web del Ministerio de Vivienda.