Ultimátum del Consejo de Estado al Gobierno por crisis carcelaria en Pereira
El Consejo de Estado, ordenó al municipio de Pereira, a las autoridades carcelarias y al Gobierno solucionar los problemas de hacinamiento y salubridad de los reclusos de la “Cárcel 40”, el Reclusorio de Mujeres de Pereira “La Badea” y el de Varones de Santa Rosa de Cabal.
La decisión la tomó el alto tribunal al conocer que por ejemplo, en la ‘Cárcel 40’ hay capacidad para 680 reclusos, sin embargo, hay una población de 1.278, mientras el Reclusorio de Mujeres tiene a 382 reclusas, aunque su capacidad es de 305.
Además, se evidenció que existen problemas en el suministro de agua, en el funcionamiento de los sanitarios, presencia de insectos y ratones, problemas de discriminación por motivos de orientación sexual, déficit en atención en salud y seguridad.
Por estas razones la corporación aclaró que es necesario "proteger los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas".
Igualmente con esta orden se "obliga al Ministerio de Justicia, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Municipio de Pereira y al Departamento de Risaralda a tomar las medidas administrativas y presupuestales necesarias para que cese la vulneración de los derechos colectivos, en un plazo de 18 meses", señaló el fallo.
Adicional, manifestó el Consejo de Estado que la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el director Regional del INPEC, el director de la USPEC, el acalde de Pereira y el gobernador de Risaralda deberán conformar un comité, que en 12 meses deberá entregar un informe sobre los planes adoptados para evitar que continúen las vulneraciones a los derechos humanos de los reclusos.
