Estas son las necesidades del campo colombiano que deberá asumir el nuevo presidente

Por: Juan Carlos Lasso

Terminar de implementar el punto 1 del Acuerdo de La Habana en materia de agro, que contempla contrarrestar las dificultades que hay para sacar los productos de las zonas más apartadas, luchar contra las brechas entre el campo y la ciudad, el postconflicto y las enfermedades que afectan a los productos, son algunos de los factores que dificultan la actividad campesina en Colombia y en los cuales también tendrá que pensar el próximo primer mandatario del país.

Algunas de estas realidades las plantea Antonio Erazo, habitante de una vereda del municipio de San Lorenzo (Nariño), aproximadamente a 65 kilómetros de la capital, Pasto. Erazo trabaja en una parcela en la que siembra: limón mandarina, maní, naranjas tangelo y café, entre otros productos.

Aunque el clima de esta zona del sur del país suele ser benévolo y le permite cosechar, uno de los aspectos que frena el impulso es el deficiente estado en el que se encuentra la carretera que lleva a su pueblo.

“Toca pensar en vender en el mercado del pueblo porque ya llevarlo más allá es complicado. Son muchos kilómetros por una vía despavimentada y casi no hay camiones que se le midan”, asegura el trabajador.

Pero no sólo la falta de carreteras y buena infraestructura afecta a campesinos como Erazo, también hay problemas como el de las enfermedades que dañan los cultivos y que si no se manejan de una manera efectiva pueden terminar ‘echando al traste’ una cosecha completa.

Por ejemplo, en San Lorenzo, durante una época se sembró café Caturra, que es altamente, apetecido por sus características de sabor y suavidad. Sin embargo, la roya y la broca acabaron con esta calidad y por eso en esa zona del sur del país ahora se opta más por la variedad de café Castillo, que es más resistente ante estas vulnerabilidades.

Además de enfermedades como las que sufre el café, también hay que pensar en virus como la aftosa, que afecta al ganado y que ha puesto en apuros al país en meses recientes debido a fenómenos como el del contrabando de carne desde Venezuela.

Ante esta última enfermedad, los expertos afirman que se debe proteger el estatus sanitario que otorga la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), ya que de dicha certificación dependen las exportaciones de carne colombiana a múltiples países y, por tanto, las vulneraciones pueden afectar la economía nacional.

¿Y el acuerdo con las Farc?

Para el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, es fundamental que quien sea el próximo Presidente de Colombia implemente el primer punto del Acuerdo de La Habana, ya que en este se citan los factores que históricamente han frenado el desarrollo del campo y el acceso a mejores condiciones para los trabajadores agrarios del país.

“En el Acuerdo está el catastro rural y la creación de un Fondo de Tierras, que permite recuperar los terrenos baldíos, así como aquellos que fueron adquiridos contraviniendo la Ley”, destaca Charry.

Además, en el acuerdo se busca cerrar la grieta que hay entre el campo y la ciudad, para que quienes están en las zonas rurales tengan una mejor educación, salud, vivienda y saneamiento básico, de manera que vivan en condiciones mucho más dignas.

Asimismo, se estimula la economía campesina y se determina la necesidad de poner en marcha proyectos con enfoque territorial.

El abogado Charry plantea que también es necesario que se piense en facilitar el acceso de los campesinos al sector bancario y al crédito para que puedan expandirse.

Los problemas del conflicto

En cuanto al postconflicto, uno de los factores que sigue preocupando es la presencia de grupos armados ilegales como las bacrim (Pelusos, Clan del Golfo, La Gente del Orden), la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc en regiones como el Catatumbo y el Pacífico.

En esas zonas estos grupos han evidenciado la capacidad intimidatoria que tienen y han desarrollado los denominados ‘paros armados’, que atemorizan a la población, que pide que la fuerza pública brinde garantías a los pobladores y que se combatan negocios como el del narcotráfico, que también frenan el desarrollo del campo.

En ese sentido, el constitucionalista Charry considera que uno de los errores del actual Gobierno en la lucha contra los cultivos ilícitos fue la de entregar subsidios y beneficios a quienes se comprometieran a erradicar, ya que eso motivó un incentivo perverso por parte de labriegos que nunca habían sembrado y vieron en esa política la oportunidad de recibir recursos del Estado.

“Lo grave fue anunciar que había subsidios para las familias que sembraban coca, en el sentido de que sí salían de la siembra ilícita se les iban a dar recursos. Eso lo que llevó fue a que personas que no estaban en la siembra ilícita se fueran a ella para a posteriori poder recibir los auxilios”, subraya Charry.

Finalmente, el jurista coincide con otros analistas que el narcotráfico no solo es la mayor amenaza para el campo, sino para el país en general, ya que este delito es capaz de permear las instituciones, corromper la Ley y degradar la escala de valores de toda una sociedad.