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Foto: Colprensa.

"Estos no son hechos aislados": Alcaldía sobre denuncias de abuso policial

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que condenan los casos de el abuso policial, pero también la violencia y el vandalismo por parte de algunos manifestantes, que en las últimas horas se han aglomerado en el CAI de Villa Luz en la localidad de Engativá, para protestar por la muerte del ciudadano Javier Ordóñez.

"Es en estos momentos donde debemos aferrarnos a la Constitución y movilización ciudadana pacífica", señaló la mandataria.

Ciudadanos en redes sociales han reportado los disturbios en las inmediaciones del CAI a través de las redes sociales. Los manifestantes exigen justicia por el caso de Ordóñez, quién falleció luego de que en video, se registrara presuntamente el uso excesivo de la fuerza por parte de dos uniformados.

Por otra parte, en un Comité Civil de Convivencia convocado por la Alcaldía Mayor, con la presencia de miembros de la Policía Nacional, la Procuraduría y organizaciones de derechos humanos, la mantadaria aseguró que casos como el de Javier Ordóñez "no son hechos aislados".

El teniente coronel Jhon Jairo Cifuentes, inspector delegado especial de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que el caso está en manos de la oficina de control disciplinario de la Inspección General y que fue enviado un grupo especial el cual se encuentra realizando las investigaciones.

Por su parte el coronel Jorge Morales, delegado de la Dirección de Seguridad Ciudadana, explicó que también se llevó el caso ante la justicia penal militar, pero que no ha sido trasladado a la Fiscalía.

Según el secretario de de Gobierno Luis Ernesto Gómez, el caso de Javier Ordóñez no es un hecho aislado. Mencionó lo ocurrido con un vendedor informal de la tercera edad en el mes de mayo, el cual calificó como un caso de abuso policial; los hechos donde Natalia una mujer trans fue agredida en el barrio Santa Fe, y la muerte de Dylan Cruz provocada según Medicina Legal, por el impacto de una munición tipo bean bag en la cabeza.

Indicó que en lo corrido del 2020, la Secretaría ha recibido 137 denuncias de casos de presunto uso excesivo de la fuerza y vulneración de los derechos humanos, por parte de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, de las cuales 52 % de las víctimas son hombres, 28 % mujeres y 8 % población trans.

Dentro de los hechos denunciados, 118 corresponden a violencia física, verbal o procedimientos arbitrarios; 11 por abuso psicológico, seis por amenaza, una por acceso carnal violento y una por homicidio.

Frente a las cifras presentadas por la Secretaría, la alcaldesa afirmó que en los Comités anteriores, con corte al mes de julio, la comandancia de la Policía reportó tener conocimiento y estar tramitando 38 denuncias.

"Aquí hay una conducta, yo no diría sistemática, pero sí recurrente de casos de violencia y de abuso policial. Y sé que quien más lo lamenta es la Policía, institución que aquí valoramos, respetamos y apoyamos”, afirmó López.

Señaló que desde la alcaldía se propone una reforma a la institución, pues considera que el problema estructural está en la formación, el entrenamiento y el reclutamiento de los miembros de la Policía, e instó a la Procuraduría y a la Defensoría, a formular y radicar ante el Congreso de la República dicha reforma legal.

“Hoy todos los casos de abuso policial van por defecto a la justicia penal militar o al procedimiento interno de la Inspección General de la Policía. Pero desde la Alcaldía creemos, que una de las razones que permite la ocurrencia recurrente de estos hechos, es que hay un clarísimo conflicto de interés entre la Policía como institución y la investigación de los casos”, dijo la alcaldesa.

Por lo anterior, la mandataria propuso que una instancia distinta a la Policía, compuesta por la Procuraduría y la Defensoría, sea la encargada de realizar el primer filtro para decidir si un caso es de presunto uso o de abuso, pues considera que no puede ser la Policía quien defina esta clasificación, y que en caso de que sea de abuso, no sea dirigido a la justicia penal militar con el fin de evitar la impunidad.

Asimismo, hizo un llamado para la revisión de los protocolos frente al uso de armas no letales. Según la alcaldesa, en el video se puede observar que Javier Ordóñez ya estaba "bajo el control" de dos policías y sin embargo, los uniformados decidieron seguir usando el taser.

López aclaró que ninguna alcaldía en Colombia, tiene la facultad legal de investigar y sancionar a los miembros de la Policía, ya que se trata de un organismo nacional, que tiene sus propias instancias definidas por la Constitución, y que su labor es recibir y procesar las denuncias hechas por los ciudadanos.

El delegado para los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, Carlos Medina indicó que el organismo estará haciendo el acompañamiento al proceso penal y que una delegada está pendiente de los resultados de la necropsia, la cual será realizada por Medicina Legal.

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