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Justicia y Paz pidió aclaración sobre caso de consejera Nancy Patricia Gutiérrez

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, le pidió a la Corte Suprema evaluar si continúa la investigación contra la consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, por supuestos nexos con los paramilitares.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, le pidió a la Corte Suprema evaluar si continúa la investigación contra la consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, por supuestos nexos con los paramilitares.

Según señaló el Tribunal ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exparamilitar Luis Alberto Medina, compareció en dos ocasiones donde aseguró que Nancy Patricia Gutierrez, habría sido financiada por las AUC para su campaña al senado en el 2001, por lo que le solicitó a la Fiscalía que verifique si esos testimonios tiene veracidad.

“El postulado señaló haber asistido a una reunión en diciembre de 2001, en el municipio de San Luis - Tolima, en la que presuntamente se habría acordado otorgar apoyo a la candidatura de la citada exsenadora para los comicios del 2002.

También dijo haber recibido órdenes del comandante paramilitar alias ‘Elías’, para que conminara a políticos regionales y distintas personas para apoyar dicha campaña; situación que como se dijo, no logró concretar, por cuanto fue capturado en ese año”, indicó en el fallo este Tribunal.

Además este Juzgado resaltó que habrían otros hechos de unas supuestas amenazas que habría recibido la consejera Gutiérrez, que se deben aclarar y verificar, si en realidad hubo un apoyo de los paramilitares en su campaña al congreso del 2002.

Por su parte la consejera Nancy Patricia Gutiérrez, recordó que en el 2014 la Corte Suprema de Justicia falló a su favor, asegurando que no hubo vínculo alguno con ninguna estructura paramilitar, y que tampoco existe otra investigación por esos hechos.

“Pongo en conocimiento de la opinión pública el acta inhibitoria de la Corte Suprema de Justicia del 23 de julio de 2014, en la que se determina que no existen elementos de juicio sobre vínculos con organizaciones al margen de la ley y se dictan otras disposiciones”, dijo la funcionaria.

Señaló Gutierres que el proceso duró seis años en el que se atendieron 54 declaraciones, dando como resultado que se archivara el caso el 23 de julio de 2014, porque según el fallo, no hubo mérito ni pruebas que confirmaran tales acusaciones.

"Luis Alberto Medina fue condenado por falso testimonio y fraude procesal en mi contra en enero de 2017. Frente a ese hecho, la Fiscalía General de la Nación solicitó su exclusión de los beneficios de justicia y paz. Medina alegó haberse equivocado al aceptar su culpabilidad", indicó en un comunicado.

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