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Alianza Colombia libre de Fracking radicó una alerta ante la CIDH

La Alianza Colombia Libre de Fracking, compuesta por más de cien organizaciones del país, entre ellas, tres del Magdalena Medio; emitió la alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que se han aprobado pruebas piloto de fracking de carácter científico. La Alianza dice no haber sido tenida en cuenta y tampoco a la comunidad.

Los voceros piden a la comisión que recomiende al Estado de Colombia cumplir con la obligación de proteger y garantizar el derecho de acceso a la información y a la justicia de las comunidades para proceder en acciones como: 

1. Dar cumplimiento al derecho de acceso a la justicia y la información, conforme al contenido y alcance establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. Abstenerse de expedir cualquier tipo de reglamentación que no esté directamente relacionada con la pandemia de Covid-19, especialmente frente a una actividad altamente riesgosa, mientras estén suspendidos los términos judiciales.

3. Suspender toda actividad tendiente a la implementación del desarrollo de yacimientos no convencionales en el país, entre tanto se generan las condiciones necesarias para acceder a toda la información necesaria y a la rama judicial, en los términos establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según la alianza, el tribunal ha permitido avanzar con los pilotos, pese a que la rama judicial se encuentra parcialmente cerrada y el proceso en el que se declaró una moratoria judicial al fracking en el Consejo de Estado, se encuentra suspendido.

Óscar Sampayo, vocero de la Corporación Regional Yariguíes de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, quien representa a una de las tres organizaciones pertenecientes a la Alianza Colombia Libre de Fracking, dijo que falta acceso a la justicia.

“Ante la falta de acceso a la justicia para poder controvertir jurídicamente los decretos y las normativas, alertamos a la comunidad internacional, ya que aquí en Colombia se está generando una imposición minero-energética”, aseguró.

Por otra parte, Sampayo aseguró que el Ministerio de Minas y Energía sacó otros términos y en menos de cuatro meses se generó la normativa y la resolución para desarrollar estos proyectos pilotos. “Nosotros como sociedad civil y como Alianza Libre de Fracking no hemos tenido la oportunidad de controvertir esos documentos. Nosotros queremos generar consensos y decirle no a este tipo de práctica en el territorio”. 

Los voceros de las tres organizaciones del Magdalena Medio pertenecientes a la alianza (Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC, Corporación Regional Yariguíes, Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio y Asociación Sembremos Juntos), hacen un llamado a la opinión pública para rechazar esos proyectos, que según la alianza, atentan contra los derechos de los ciudadanos del Magdalena Medio, de la naturaleza y de las próximas generaciones.

Finalmente, la alianza espera el pronunciamiento de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.