Propuestas sobre Ley de Jubileo pasó al tablero la política carcelaria del país

Por considerar que el actual sistema carcelario y penitenciario del país requiere de una reforma estructural para ser más eficiente y efectivo en la corrección de quienes hoy purgan sus penas, el procurador general de la nación Fernando Carrillo anunció que para la semana entrante se reunirá con representantes de otras entidades que se relacionan con el sector.

La intención por parte del jefe del ministerio público es abordar las diferentes circunstancias y posibles consecuencias que pueda traer consigo el planteamiento, discusión y aprobación en el Congreso de una Ley del Jubileo que permitiría que miles de presos resultaran beneficiados con la libertad.

"Eso tiene que ver por ejemplo con la justicia restaurativa; aquí estamos hablando de una justicia especial para los guerrilleros. Vamos a hablar de un jubileo que supone beneficios para quienes están en las cárceles pero no se trata de abrir las puertas de las cárceles para que salgan más de 10 mil personas a hacer nada", aseguró el Jefe del Ministerio Público.

Según el directivo del ente disciplinario se busca revaluar la metodología de resocializacion que tienen las personas que algún día cometieron delitos y que pasaron por una cárcel, con el fin de lograr el verdadero objetivo del cumplimiento de la pena que es recuperar al ciudadano y que este le sirva al país.

"Estamos convencidos que si hay un consenso en ese respecto hay que pensar en qué política penitenciaria en el contexto se tiene que dar para que se apruebe una ley de esa naturaleza", señaló Carrillo.

El Procurador Carrillo puntualizó que "la Ley del Jubileo no es el punto de partida sino es el punto de llegada de una política penitenciaria que tiene que comenzar a discutirse", y en ese escenario se analizarán los posibles cambios que puedan aplicarse bajo la Ley del Jubileo en Colombia.

Ley de Jubileo podría en peligro miles de investigaciones de la Fiscalía

Por considerar que los proyectos de Ley de Jubileo que se presentaron para discusión en el Congreso de la República representan un riesgo para el desarrollo de la justicia, hoy Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, sentó su voz de protesta por lo que calificó como “un remedo de pena que haría de las sentencias algo más parecido a un diploma”.

En primera instancia, el Fiscal se refirió a un proyecto de iniciativa legislativa que busca otorgar el beneficio de la reducción de la pena hasta en la sexta parte para quienes hayan cometido diferentes delitos y que hoy se encuentren en la cárcel. Dijo Martínez que si este proyecto se aprueba, las investigaciones en relación al escándalo de Odebrecht, se acabarían.

“Particularmente autores de los delitos que más impactan la seguridad de los colombianos, llegándose al extremo – en la hora presente – que la propuesta hecha beneficiaría a personas sindicadas de los delitos de corrupción, - al punto que para citar un caso – su aprobación implicaría la libertad inmediata de los procesados por el escándalo de ODEBRECHT”, indicó el Fiscal.

Además, el Fiscal dijo que si se claudica en esta investigación, esto también representaría “un retroceso enorme en los esfuerzos que adelanta la sociedad por recuperar la ética pública”; en la carta que fue enviada al Ministro de Justicia Enrique Gil Botero, el Jefe del ente acusador también criticó que el proyecto de Ley de Jubileo, de iniciativa gubernamental, no haya sido planteado previamente al interior del Consejo de Política Criminal.

“Increíblemente favorecería a los miembros de las organizaciones criminales imputados por concierto para delinquir e inclusive, a narcotraficantes. Llama la atención no sólo el alcance de la propuesta, sino que la misma se haya radicado en el Congreso sin consultar la opinión previa del Consejo de Política Criminal, como lo dispone la normativa vigente”, señaló Martínez.

En su explicación el Fiscal General de la Nación señaló que el Gobierno no debería enviar mensajes errados a la sociedad y mucho menos en un momento en el que se inicia un proceso de posconflicto. Finalmente, hizo cuentas de la aplicación, de lo contemplado en el proyecto, y dijo que para un caso de corrupción la pena efectiva sería entre 11 y 20 meses aplicando todos los descuentos.