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Migrantes venezolanos ilegales no podrán votar en elecciones regionales

A pesar de que el Código Electoral Colombiano permite que en las elecciones de autoridades regionales como las que se van a realizar el próximo 27 de octubre, puedan votar ciudadanos extranjeros legalmente residenciados en el país, el registrador Nacional Juan Carlos Galindo aclaró que este derecho no cobija a los cerca de un millón de venezolanos migrantes ilegales que se encuentran en diferentes ciudades del país.

A pesar de que el Código Electoral Colombiano permite que en las elecciones de autoridades regionales como las que se van a realizar el próximo 27 de octubre, puedan votar ciudadanos extranjeros legalmente residenciados en el país, el registrador Nacional Juan Carlos Galindo aclaró que este derecho no cobija a los cerca de un millón de venezolanos migrantes ilegales que se encuentran en diferentes ciudades del país.

De acuerdo con el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, en las elecciones de octubre de 2019 los extranjeros legalmente residenciados en el país pueden para elegir alcaldes, concejales y juntas administradoras locales sólo si cumplen dos condiciones; poseen cédula de extranjería y han residido mínimo 5 años en el lugar donde está inscrito su documento de identidad.

Sin embargo, el funcionario indicó que la Registraduría, junta a otras entidades del Estado, adelanta los procesos necesarios para detectar y sancionar las posibles irregularidades o anormalidades que se puedan presentar en el proceso de identificación o inscripción de documentos de identidad por parte de extranjeros o ciudadanos nacidos en el exterior pero que son hijos de padres colombianos.

El registrador señaló que en el proceso de inscripción de cédulas que se adelanta desde el 27 de octubre del año pasado hasta el momento se han inscrito para votar 461 extranjeros.

Así mismo el funcionario reseñó que en este proceso de inscripción de cédulas mensualmente se están realizando cruces de bases de datos con los sistemas de seguridad social para verificar posibles fenómenos de trashumancia electoral o traslado de electores de un municipio a otro.

A la fecha se han detectado cerca de 66 mil personas que se han inscrito en lugares diferentes a su sitio de residencia o trabajo, sin que esto signifique necesariamente que se esté incurriendo en este delito.

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