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En marzo próximo empezará la recta final para la futura delimitación del páramo de Santurbán en Santander, esto con la implementación de varias sesiones técnicas. Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

Páramos en Santander: el debate sobre su protección y su uso

Por: Boris Tejada - Radio Nacional Santander

Antes de que se realizara la última marcha en contra de la explotación minera en el páramo de Santurbán, diferentes sectores de la comunidad evidenciaron sus desacuerdos por la forma como ven el tema de la explotación minera de los páramos en Santander.

Así fue como Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, les envió una misiva a sus homólogos en la provincia de Soto Norte de la región, invitándoles para que lo acompañarán en su lucha por la protección del agua. Sin embargo, los alcaldes de la zona minera se negaron a seguir a Hernández y, por el contrario, argumentaron que el tema estaba siendo utilizado para hacer populismo desde la capital del departamento.

Ese episodio en la disputa por la delimitación del páramo de Santurbán y sus impactos en las comunidades evidenció una división de las formas de pensar con respecto a la protección de estos ecosistemas.

La discordia ha llegado a discusiones entre ambientalistas contra las empresas multinacionales como la denominada Sociedad Minera de Santander: Minesa.

Tan sólo en mil hectáreas de tierras de Santurbán, las cuales se encuentran ubicadas entre Norte de Santander y Santander, la multinacional que inició todo este proceso con el nombre de: Greystar, (nombre que luego pasó a ser Eco Oro) quería explotar tierras colombianas con un proyecto que denominó Angostura a mediados de 1994.

Hoy en día esta iniciativa se sigue impulsando, para quedarse con el que es considerado como uno de los mayores depósitos de oro de Suramérica.  

A este panorama se suma ahora la delimitación de otra zona en Santander, se trata del Páramo del Almorzadero, que se encuentra ubicado en la provincia de García Rovira, sobre la cordillera oriental de los Andes colombianos. Considerado además como una reserva natural de agua para toda la ciudadanía.

Este lugar y su importancia engrosaron el debate sobre la protección de la naturaleza. En ese sentido la comunidad empezó a dividirse partiendo del impacto negativo que tiente la delimitación del páramo para la economía local de los campesinos.

Las comunidades manifestaron la poca socialización de las decisiones del gobierno con respecto a los páramos.

“Nos preocupa la delimitación del páramo del Almorzadero porque nos prohíbe ejercer la agricultura, la ganadería […] Nosotros queremos delimitación, claro, porque hay que proteger y conservar, lo que no queremos es que nos vayan a desplazar, que nos vayan a prohibir la minería, la agricultura, que es de lo que nosotros vivimos”, señala Carlos Alberto Romero, alcalde del Cerrito, Santander.

Este municipio conforma la provincia de García Rovira y junto a los municipios que están en Norte de Santander, integran una comunidad de más de 100 mil habitantes.  

Desarrollo y medio ambiente

La multinacional Minesa radicó a principios un nuevo estudio de impacto ambiental que fue solicitado por la Autoridad de Licencias Ambientales ANLA como requisito para obtener las licencias de explotación minera, procedimiento que la empresa minera publicó en su página web con el título: Minesa da un paso más en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto Soto Norte.

Este hecho fue registrado por medios de comunicación del orden nacional y  de inmediato fue rechazado por sectores ambientalistas de Santander como un acto inconsciente con el medio ambiente.

A este rechazo también se sumaron diputados, concejales, alcaldes, hasta el mismo Gobernador de Santander, Didier Tavera, debió intervenir en el tema y fijar una posición clara de protección por el páramo ante el amplio debate que este tema suscita en los diferentes sectores de la región.

Pero este nuevo movimiento de la Sociedad Minera de Santander fue contestado con una demanda que fue interpuesta por el concejal de Bucaramanga Pedro Nilson Amaya. Un documento que fue recibido por el Tribunal Administrativo de Santander y que solicita no aprobar la licencia ambiental que pretende Minesa. 

¿Por qué tantos desencuentros sobre el páramo de Santurbán?

La puja se ha lanzado desde varios frentes por las 16 toneladas de oro que anualmente se podrían extraer de este páramo además de las 72 toneladas anuales de plata que se podrían explotar.

Un negocio al que los ambientalistas no se oponen, porque según lo han manifestado, el problema se centra en el agua que produce el páramo de Santurbán y la contaminación de la misma por la forma de explotación del oro, que podría terminar afectando el agua potable de más de 1 millón de habitantes de la región. 

Hace poco por ejemplo el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, estuvo en Bucaramanga explicando la delimitación del Páramo de Santurbán y señaló que el 30 por ciento de los conflictos en las delimitaciones se presenta con las comunidades.

Sin embargo, explicó que la delimitación del páramo será la conclusión de un proceso participativo que ordenó la Corte Constitucional mediante la sentencia T-361 de 2017, hasta tanto no se termine ese proceso el Ministerio no emitirá juicios de valor sobre el ejercicio de delimitación el cual fue consignado y respaldado en la Resolución 2090 de 2014.

El páramo de Santurbán ya había sido delimitado y esa decisión terminó siendo reversada por la Corte Constitucional porque consideró que no había surtido todo el proceso que se requería con las comunidades cercanas a la zona de impacto de la delimitación.

El próximo 16 de noviembre vence el plazo para que el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible entregue en la Corte Constitucional la nueva delimitación del Páramo de Santurbán, y de acuerdo a ese cronograma el próximo 18 de marzo a las 9 de la mañana se realizará la primera sesión de avances del proyecto en Bucaramanga.

En este escenario participarán todos los involucrados en esta situación, desde los campesinos que cultivan en zonas delimitadas anteriormente, hasta los diferentes integrantes de las autoridades públicas, como alcaldes, ecologistas, autoridades ambientales, sindicatos, docentes, institutos, gobernador y ministerio, entre otros.

En esas sesiones se espera que empiece a aclararse el rumbo final que tendrá el páramo y la posible explotación minera en una zona que produce una de las aguas más puras del planeta.