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Gobierno lamentaría que la Corte tumbe el blindaje del acuerdo de paz

El ministro del Interior hizo el pronunciamiento tras conocerse que la ponencia en la Corte Constitucional busca tumbar el un aparte que dice que “las instituciones tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”.

Por: Colprensa

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que el blindaje del Acuerdo de Paz que establece el Acto Legislativo 02 de 2017 es necesario para la implementación. El jefe de la cartera política hizo el pronunciamiento, tras conocerse que la ponencia en la Corte Constitucional busca tumbar el aparte que dice que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”.

Igualmente, señala que “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

De acuerdo con el ministro Rivera, la implementación del acuerdo debe ser fiel a su contenido y por eso en dicha reforma se estableció esa obligatoriedad de cumplimiento.

“Esa norma tiene perfecta viabilidad constitucional en la medida que es el jefe del Estado quien tiene competencias para suscribir acuerdos de paz y que hacer el blindaje jurídico fue uno de los aspectos que se trató en la negociación que suscribió el señor presidente y por eso creeríamos que la Corte deberá declararlo exequible”, señaló.

El ministro del Interior agregó “lamentaríamos mucho que esa norma se declarara inexequible. Si sucede, seguiremos con la implementación de cada una de las normas como hemos venido haciendo”.
La ponencia es del magistrado Luis Guillermo Guerrero quien dice que esas disposiciones sustituyen el proceso de legalidad y afectan el principio de separación de poderes.

Este proyecto de fallo que deberá ser estudiado y votado en Sala Plena deja intacto el artículo 2 de ese Acto Legislativo que señala que el Acuerdo de Paz debe cumplirse durante las próximas tres presidencias.

En este proceso no participará la magistrada Cristina Pardo por estar impedida. Cabe recordar que por el estudio de este Acto Legislativo está suspendido el estudio del decreto ley 893 de 2017, que crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.

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