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Casos de civiles muertos en protestas podrían ir a justicia ordinaria: MinDefensa

Por: Colprensa

El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo y los altos mandos de la Policía, atendieron una citación a la plenaria del Senado, en la cual aseguraron que si las investigaciones de la Fiscalía encuentran que hubo policías detrás de las muertes de ciudadanos en las protestas de la semana anterior, responderán ante la justicia ordinaria, pero a la vez aclararon que las acciones violentas que destruyeron la mitad de los CAI en Bogotá, “correspondieron a una acción coordinada por el terrorismo”.

En la plenaria el senador liberal, Luis Fernando Velasco pidió al ministro de la Defensa que responda al país quién dio la orden a los uniformados disparar contra los civiles. De igual forma se distanció de la teoría presentada por el Gobierno y la Policía en el sentido de que lo sucedido en esas dos noches, fuera un plan fraguado por el ELN y las disidencias de las Farc.

De la misma forma pidió que se diga la verdad sobre sí la inteligencia policial sabía y no se preparó, para defender a la ciudad de ese plan que aseguran que estaba previsto por los dos grupos al margen de la ley.

El senador conservador, Efrain Cepeda, señaló que hay que revisar al interior de la Policía la forma como se está manejando el tema de los derechos humanos, el reclutamiento de los agentes y su formación. Indicó también que no se puede desconocer que detrás de las protestas hubo una estrategia para desestabilizar a la Policía.

Para el senador uribista, Ernesto Macias, lo sucedido con los desmanes lo que buscó fue desinstitucionalizar a la Policía, y que es claro que en las marchas hubo una instigación a delinquir en las protestas, lo cual terminó en actos de terrorismo.

El senador Gustavo Petro, sostuvo que lo primero que debió pasar como consecuencia de esas jornadas de violencia era la renuncia del ministro de la Defensa. Calificó lo ocurrido como un “golpe de estado propinado por una base policial en torno a la alcaldesa de Bogotá que no le hicieron caso”.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, por su parte manifestó que aquellos senadores que reclaman hoy de la Policía, lo que deben hacer es renunciar a sus esquemas de seguridad, el cual es dado por esa institución. Para la senadora, otra de las responsables de lo sucedido del miércoles y jueves fue la alcaldesa Claudia López, de quien dijo actuó con omisión.

La respuesta de MinDefensa

El ministro Trujillo, en primer lugar dijo que el gobierno de Iván Duque respeta el derecho a la protesta, “el gobierno tiene claro que las autoridades existen para que quien quiera pronunciarse lo pueda hacer, lo es de naturaleza legal”.

Frente a los cuestionamientos que hicieron varios senadores, precisó que los miembros de la institución son formados con reglas precisas, como también dijo que los agentes sí pueden tener armas de fuego, pero las mismas las pueden usar sólo en momentos determinados y no hay orden para que lo hagan en las protestas sociales.

Respecto a los hechos trágicos de la semana pasada, el ministro dijo que fue la misma Policía la que empezó a revisar los videos que se publicaron, y de ahí fue que se empezaron a identificar a los policías implicados en esas irregularidades, y esos actos derivarán en las responsabilidades judiciales que correspondan

Frente a la reforma a la Policía, el ministro insistió que se está adelantando, la cual no será de forma fragmentada sino integral.

“Hay unos policías que mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético”, sin embargo advirtió que “hay que tener claro quiénes cometieron los delitos. Hubo un ataque masivo al ordenamiento de la Policía, eso no se puede dudar. Destruyeron la mitad de los CAI, estuvieron incursos en los delitos de tentativa de homicidio, ataque a servidor público”.

El ministro indicó además que el Gobierno está atento a conocer los nombres de los agentes que hayan cometido algún delito en el momento de cumplir con su función, y para lo cual solicitaron se dé prioridad a las investigaciones disciplinarias en la Procuraduría y las judiciales en la Fiscalía.