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¿Por qué los turistas no se pueden quedar a vivir en San Andrés?

Cerca de 2.000 personas ingresan diariamente a la isla en calidad de turistas, muchos se quedan residiendo de manera ilegal.

Por: Vilma Jay

El último censo que realizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) en el archipiélago da cuenta de un poco más de 76 mil habitantes. Cifra que ha ido en aumento de manera descontrolada y que actualmente se desconoce ante la llegada masiva de foráneos, que vieron en la isla una oportunidad para salir adelante. A esta realidad se suma la falta de una política clara en el control de natalidad.

Vivir lejos del territorio colombiano y de los problemas propios de grandes ciudades como la violencia, inseguridad y caos en el tráfico son quizás, algunas de las razones más arraigadas y sonadas por las que personas de diferentes departamentos del país, deciden irse a quedar en la isla.

Ante este éxodo que empezó a notarse hace dos décadas atrás, las autoridades de la isla con el respaldo del presidente de ese entonces, Cesar Gaviria, sacaron adelante el decreto 2762 de 1991, que tiene por objeto limitar y regular los derechos de circulación y residencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Bajo este decreto se creó la Occre (Oficina de Control, Circulación y Residencia) para legalizar y regular la residencia de los isleños y los ciudadanos que estaban viviendo en la isla mucho antes de la creación de esta oficina.

El actual director de la Occre, Joseph Barrera Kelly, quien ha estado en el cargo los últimos cinco años, asegura que los controles para frenar la llegada masiva de personas que pretenden quedarse a vivir o trabajar de manera ilegal son constantemente burlados.

“La primera parte del control, inicia en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, se verifica el lugar donde se va a quedar la persona si se va a quedar en un hotel, se llama al hotel. Si se va a hospedar en una casa de familia, el familiar debe firmar un acta de compromiso donde deja constancia de que la persona salga en la fecha que estipuló, porque hemos determinado que muchas de las personas que vienen a quedarse en casas de familias son las que se terminan quedando en la isla”, dijo Barrera Kelly.

Clases de tarjetas para poder permanecer en las islas

La tarjeta de residente se expide a quienes cumplan con los siguientes requisitos: haber nacido en el archipiélago, demostrar una residencia mínima de tres años continuos inmediatamente anterior a la expedición del decreto (13 de diciembre de 1991) o haber contraído matrimonio válido con un residente.

Tarjeta de residencia para raizales, para quienes hayan o no nacido en las islas y tengan ascendencia raizal.

La tarjeta temporal que regula las condiciones para trabajar o desarrollar actividades ocasionales en el territorio insular, se expedirá por término máximo de un año, prorrogable por dos años más.

En el caso del trabajador remunerado, esta tarjeta deberá ser diligenciada por el empleador, quien además, garantizará la vivienda adecuada del empleado y su regreso al lugar de origen.

Por último, está la tarjeta de turista que tienen que pagar todos los visitantes que arriban a San Andrés, de manera obligatoria por un valor vigente en 2018 de 107.000 mil pesos, y sólo da la oportunidad de quedarse por 15 días en el archipiélago. Los dineros recaudados de esta tarjeta son invertidos en obras para el desarrollo del departamento.

Joseph Barrera Kelly, director de la Oficina de Control, Circulación y Residencia, Occre.

¿Cómo opera la Occre?

Actualmente la oficina de control poblacional cuenta con 14 empleados de planta y 103 contratistas, que según el director Joseph Barrera, parecen ser muchos, pero en realidad no lo son debido al trabajo que demanda controlar la población flotante de las islas.

El trabajo de los contratistas de la Occre consiste en verificar que los datos suministrados por los visitantes sean verdaderos, por lo que se hace necesario que cada turista pase por los puestos de control del aeropuerto.

También deben visitar a las parejas que solicitaron la residencia, para alguno de los cónyuges y establecer que la convivencia por matrimonio es real.

Adicionalmente deben hacer labores de inspección a las denuncias de personas que están de manera irregular en la isla.

“Entre dos mil y 3 mil turistas diarios ingresan a la isla, entonces es una cantidad muy grande de turistas que hay que controlar y pues es necesario el personal de verificación, de salir a hacer los operativos, de hacer las visitas a la providencia.

El tema migratorio no es solo un tema de San Andrés si no del mundo entero” manifestó Barrera.

“La oficina de la Occre primero que todo debe tener el apoyo del gobierno de turno, segundo de todos los entes políticos y tercero de los entes sociales del departamento. El compromiso más grande debe ser por quien dirige la entidad, ellos deben implementar seriamente los controles del aeropuerto, aquí casi nadie entra por el agua. La sobrepoblación se origina por la terminal aérea de este departamento”, aseguró Milton López, diputado de San Andrés.

Las sanciones

La falsa información suministrada a la hora de diligenciar la tarjeta de turismo con el fin de burlar los controles, son pan de cada día en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, es por esto que la Oficina de Control, Circulación y Residencia, decidió interponer una serie de sanciones a quienes infrinjan la ley migratoria.

“Vamos a sancionar tanto a raizales como a residentes que faciliten el ingreso y permanencia de personas a la isla. Las personas que den una dirección que no corresponde, automáticamente las vamos a declarar en situación irregular y le vamos a imponer multas”, expresó el director de la Occre.

También hay multas y la posibilidad de perder la residencia para las personas que firman el acta de compromiso de retorno de un visitante, y este no se devuelve a su ciudad de origen.

El acceso a agua potable es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los sanandresanos. Las fuentes hídricas no dan abasto para todos los habitantes. Por eso el decreto que regula la circulación y residencia en las islas basó uno de sus argumentos en la protección a los recursos naturales.

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