El Valle de Cocora fue declarado sujeto de derechos
Un nuevo ecosistema colombiano acaba de ser declarado como sujeto de derechos. Esta vez se trata de la zona ambiental del Valle de Cocora, en el municipio de Salento (Quindío).
La acción de tutela presentada por Jaime Hernán Arias, presidente del Concejo Municipal de Salento y miembro de la Fundación Bahareque, fue fallada a favor por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia que insta a varias instituciones, entre otras cosas, a tomar acciones urgentes para su protección y salvaguarda.
El fallo ordena a la Alcaldía de Salento, a la Gobernación del Quindío, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y a Parques Nacionales Naturales de Colombia a reunirse, en un término máximo de 15 días, para coordinar acciones en torno a la creación, actualización e implementación de un estudio de capacidad de carga, que permita determinar cuántas personas pueden ingresar al Valle de Cocora. Una de las razones que motivaron al concejal Arias a interponer esta acción jurídica fue el turismo desbordado que se venía desarrollando en este patrimonio natural de Colombia.
"En la acción de tutela solicité la protección de los derechos a la salud, el mínimo vital, el goce de un ambiente sano y la protección a riquezas culturales y ambientales, que se han vulnerado por la omisión de varias entidades que no han implementado un modelo de turismo sostenible en el municipio de Salento, específicamente en el casco urbano, vereda Boquia y Valle de Cocora, lo que, además, está generando un incremento exponencial de contagios de Covid-19”, sostuvo.
Turismo sostenible
El cabildante espera que esta demanda no vaya a ser malinterpretada, pues insistió en que no se trata de condenar la actividad turística, "sino de llevar a la acción lo que ya está establecido en ley".
El fallo también ordena la inclusión de los habitantes del municipio, la Procuraduría Ambiental y la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío en la elaboración de estas estrategias, pues, según el documento, se ha evidenciado que en el 50 por ciento de las áreas protegidas no existe la participación de las comunidades tradicionales o locales, las cuales son fundamentales para el aprovechamiento de los recursos naturales de los parques.
