JEP llama a comparecer a ocho militares por crímenes contra comunidades étnicas en el Pacífico nariñense
Durante una rueda de prensa realizada en Tumaco, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer el Auto SRVR-02 de 2026, en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que varios crímenes cometidos en el Pacífico sur de Nariño no fueron hechos aislados, sino que respondieron a patrones sistemáticos de violencia que afectaron a poblaciones civiles en medio del conflicto armado.
Esta decisión forma parte del Caso 002, que investiga la situación territorial del conflicto en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, una de las regiones más afectadas por la confrontación armada en Colombia.
La Sala concluyó que en esta región se configuraron crímenes sistemáticos contra comunidades que gozan de especial protección constitucional, debido a su carácter étnico y territorial.
Periodo investigado y territorios afectados
La investigación se centró en hechos ocurridos entre 2001 y 2012 en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. Estos municipios tienen una alta presencia de territorios colectivos y resguardos indígenas, donde cerca del 90 % de la población pertenece a comunidades étnicas.
Las principales víctimas fueron integrantes del Pueblo Negro Afrocolombiano, los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y comunidades campesinas.
Unidades militares involucradas
Los comparecientes pertenecieron a unidades del Ejército Nacional que operaban en la región: Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 “General José María Cabal” y el Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”
De acuerdo con la investigación, estas unidades participaron en operaciones militares en medio de la estrategia de control territorial y lucha contrainsurgente que se desarrolló en el Pacífico nariñense durante esos años.
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Patrones criminales identificados por la JEP
La Sala de Reconocimiento identificó tres patrones macro criminales en la actuación de algunos integrantes de la Fuerza Pública en la región.
1. Estigmatización y violencia contra líderes y comunidades
Durante más de una década, líderes sociales, autoridades étnicas y habitantes del territorio fueron señalados como colaboradores de grupos armados ilegales.
Estas acusaciones derivaron en: amenazas, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, y homicidios selectivos.
La investigación señala que esta estigmatización afectó especialmente a líderes comunitarios, autoridades tradicionales, etnoeducadores y representantes de juntas de acción comunal.
2. Asesinatos de civiles presentados como bajas en combate
El segundo patrón identificado corresponde a homicidios de civiles que posteriormente fueron reportados como bajas en combate.
Según la Sala, estas prácticas estuvieron relacionadas con presiones institucionales por mostrar resultados operacionales, lo que llevó a algunos integrantes de unidades militares a presentar falsos resultados en operaciones.
Las víctimas fueron principalmente habitantes de las comunidades locales, en muchos casos sin relación con grupos armados ilegales.
3. Control militar del territorio y afectaciones comunitarias
El tercer patrón identificado está relacionado con la militarización del territorio y el control de la vida cotidiana de las comunidades.
Durante este periodo, el Ejército instaló bases y campamentos en espacios comunitarios como: escuelas, viviendas, centros comunales, polideportivos, y caminos ancestrales.
También se registraron retenes, bloqueos de alimentos, censos poblacionales, registros fotográficos y restricciones a la movilidad, lo que generó un ambiente de temor y subordinación en las comunidades.
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La investigación del Caso 02 identificó 72 hechos graves relacionados con el conflicto armado, considerados no amnistiables.
Además, entre 2003 y 2012 se documentaron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades presuntamente relacionados con el actuar de la Fuerza Pública.
Estas acciones afectaron aproximadamente a 16.337 personas, distribuidas de la siguiente manera:
10.738 integrantes del pueblo indígena Awá
3.796 integrantes del pueblo negro afrocolombiano
1.800 campesinos
La JEP advirtió que estas cifras podrían ser mayores debido al subregistro histórico de violaciones a los derechos humanos en la región.
Personas llamadas a comparecer
La Sala de Reconocimiento llamó a comparecer a ocho integrantes del Ejército Nacional:
- Luis Felipe Montoya Sánchez, comandante del Grupo Cabal
- José David Vásquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones
- Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón
- Carlos Alfredo Castro Pinzón, jefe de operaciones y segundo comandante
- Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia
- José Gregorio Betancourt Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia
- Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de cooperantes
- Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93
Delitos señalados por la JEP
De acuerdo con la decisión judicial, los hechos investigados configuran:
Crímenes de lesa humanidad: asesinato, desaparición, forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución.
Crímenes de guerra: homicidio y tortura.
La Sala concluyó que estas conductas se cometieron contra sujetos de especial protección constitucional, como pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas.
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Qué sigue en el proceso
Con este auto, la Jurisdicción Especial para la Paz da por terminada la etapa de investigación del Caso 002.
El proceso entra ahora en una nueva fase en la que los comparecientes deberán reconocer verdad y responsabilidad ante las víctimas.
Posteriormente, el caso avanzará hacia las etapas de juicio y posibles sanciones dentro del sistema de justicia transicional, cuyo objetivo es garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las comunidades afectadas