Fiscalía de la Corte Penal Internacional destaca avances del Gobierno y la JEP en justicia transicional y respalda el Acuerdo de Paz
La reciente visita de la delegación de la Corte Penal Internacional (CPI) a Colombia dejó un balance positivo sobre el estado de las investigaciones y el juzgamiento de crímenes internacionales cometidos en el marco del conflicto armado.
En su evaluación, el organismo internacional destacó los avances en la emisión de sentencias, la calificación jurídica de conductas y la identificación de patrones macrocriminales, aspectos considerados esenciales para garantizar la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de las víctimas.
El pronunciamiento se dio tras la novena sesión ordinaria de la Instancia de Articulación (Insart), escenario que articula al Gobierno nacional con las entidades del sistema de justicia transicional.
¿Qué valoró la CPI sobre el sistema judicial colombiano?
La delegación subrayó que los resultados alcanzados se enmarcan en el principio de complementariedad, eje fundamental en la relación entre los Estados y la CPI. Bajo este principio, son las autoridades nacionales las primeras responsables de investigar y sancionar los delitos de su competencia.
En ese contexto, el Acuerdo de Cooperación firmado en 2021 entre Colombia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha servido como hoja de ruta para fortalecer la capacidad institucional del país en el procesamiento de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
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¿Por qué Colombia es referente en justicia transicional?
Uno de los puntos más destacados por la CPI fue el reconocimiento al modelo de justicia transicional adoptado tras el Acuerdo Final de Paz de 2016. El enfoque restaurativo colombiano ha sido observado como una experiencia innovadora por priorizar la reparación colectiva, la verdad judicial y la reconstrucción del tejido social.
En este engranaje cumple un papel central la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha avanzado en decisiones judiciales estructurales y en la definición de responsabilidades dentro de macrocasos relacionados con el conflicto.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que la implementación efectiva de las sanciones requiere una coordinación estrecha con el Gobierno y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Según señaló, las decisiones judiciales deben estar respaldadas por proyectos restaurativos que permitan reparar los daños causados y, al mismo tiempo, ofrecer condiciones de seguridad y habitabilidad para quienes cumplen las sanciones propias del sistema.
Este enfoque busca que las medidas no solo tengan un carácter punitivo, sino también transformador, en línea con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
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