Consejo de Estado suspende provisionalmente aumento del salario mínimo en Colombia
El Consejo de Estado adoptó una medida cautelar que suspende provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno fijó el aumento del salario mínimo para 2026, al considerar que deben revisarse los criterios técnicos y constitucionales aplicados en su expedición.
La decisión implica que los efectos jurídicos del incremento quedan temporalmente sin vigencia mientras el alto tribunal analiza de fondo la legalidad del acto administrativo.
¿Qué ordenó el Consejo de Estado al Gobierno?
La providencia judicial establece que el Ejecutivo deberá expedir, en un plazo de ocho días calendario, un nuevo decreto transitorio que determine el porcentaje de incremento aplicable para 2026.
Este acto deberá regir únicamente mientras se emite una sentencia definitiva dentro del proceso. El tribunal enfatizó que el nuevo decreto debe aplicar de manera integral los parámetros previstos en la Ley 278 de 1996 y en el desarrollo jurisprudencial correspondiente.
¿Por qué se cuestionó el incremento del salario mínimo?
El decreto suspendido había fijado un incremento del 23,78 %, cifra que generó debate jurídico y económico.
Según lo indicado en la decisión, el ajuste debe sustentarse en la evaluación estricta de variables como la inflación, la productividad laboral y las condiciones generales de la economía, además de surgir de un proceso de concertación tripartita entre trabajadores, empleadores y el Estado.
El alto tribunal recordó que estos elementos no son opcionales, sino requisitos obligatorios dentro del procedimiento de fijación del salario mínimo.
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Con la medida cautelar, el aumento anunciado por el Gobierno queda en pausa hasta que se expida el nuevo decreto transitorio y posteriormente se adopte una decisión definitiva.
El pasado 29 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro había anunciado un aumento del 23,7 %, con el que el salario mínimo quedó en 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos correspondientes al subsidio de transporte, para un total aproximado de dos millones de pesos.
Sin embargo, ahora el Ejecutivo deberá sustentar técnicamente cualquier cifra que establezca, ajustándose a los parámetros constitucionales y económicos exigidos.
Mientras el Gobierno prepara el nuevo acto administrativo, el proceso continuará su curso en el Consejo de Estado, que más adelante emitirá un fallo de fondo sobre la legalidad del incremento.