Gobierno esperará decisión de la Corte antes de definir nuevos impuestos por emergencia económica
El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno podría abstenerse de aplicar un impuesto al patrimonio a personas jurídicas, dependiendo de la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre la suspensión de la primera emergencia económica.
El pronunciamiento se produjo durante una nueva sesión del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, donde el Ejecutivo evalúa las medidas fiscales y financieras necesarias para enfrentar los efectos de la emergencia climática en la región Caribe y garantizar recursos para la atención de la crisis.
¿Por qué la decisión de la Corte es clave para definir nuevos impuestos?
El mandatario explicó que el futuro del impuesto al patrimonio empresarial dependerá directamente del fallo del alto tribunal. Si la Corte restablece la vigencia del primer decreto de emergencia económica, el Gobierno podría evitar la creación de nuevos tributos extraordinarios.
En contraste, si se mantiene la suspensión, el Ejecutivo avanzaría en la expedición de nuevos decretos legislativos, que incluirían medidas tributarias orientadas a financiar la atención de la crisis y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, señaló que la decisión judicial será determinante para establecer la estrategia fiscal que adoptará el país en el corto plazo.
¿Cómo funcionaría el impuesto al patrimonio para empresas?
Dentro de las medidas en análisis, el Gobierno contempla un gravamen al patrimonio líquido de las empresas, dirigido exclusivamente a grandes contribuyentes.
La propuesta establece una tarifa del 0,06% para patrimonios entre 10.400 y 31.000 millones de pesos, y del 1,2% para montos superiores. Según el Ministerio de Hacienda, la medida excluiría a la pequeña y mediana empresa, concentrándose en compañías con mayor capacidad financiera.
El Ejecutivo sostiene que este mecanismo permitiría fortalecer el recaudo sin afectar la estructura productiva de menor escala.
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Además de las medidas tributarias, el Gobierno proyecta la implementación de líneas de crédito con tasas compensadas, dirigidas a pequeños productores agrícolas en las zonas afectadas por la emergencia.
Estos créditos tendrían tasas cercanas al 0%, y serían canalizados a través de entidades como Finagro, el Banco Agrario y Bancóldex.
El objetivo es estimular la reactivación productiva, fortalecer la seguridad alimentaria y mitigar el impacto económico de la emergencia climática sobre el sector rural.
¿Qué es la inversión forzosa y por qué el Gobierno busca modificarla?
Otra de las medidas en estudio es el ajuste al mecanismo de inversión forzosa, que obliga al sistema financiero a destinar recursos a sectores estratégicos como el agro.
El presidente cuestionó la efectividad de este instrumento en su forma actual, al asegurar que los recursos no se dirigieron a la producción agrícola, sino a otros segmentos del sistema financiero.
En ese contexto, el Gobierno busca rediseñar el esquema para asegurar que los recursos se orienten directamente al fortalecimiento del sector productivo.
El paquete de medidas también incluye modificaciones al impuesto sobre los juegos de suerte y azar en línea, así como nuevos alivios tributarios orientados a mejorar el recaudo fiscal.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, iniciativas similares permitieron a la DIAN recaudar más de 237 mil millones de pesos en enero de este año.
Asimismo, el Ejecutivo confirmó que el sector solidario quedaría excluido de estas medidas extraordinarias, con el fin de proteger su estabilidad financiera.
El Gobierno reiteró que aguardará el pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional antes de adoptar nuevas decisiones, en un momento en que la política fiscal se convierte en una herramienta clave para enfrentar los efectos económicos de la crisis climática.