Presidente Gustavo Petro sanciona la Ley de Jurisdicción Agraria y entrega más de 3.000 hectáreas a campesinos en Córdoba
El presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó este viernes un acto oficial en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, donde sancionó la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, formalizó la entrega de más de 3.000 hectáreas de tierra a familias campesinas y dará inicio a obras para la recuperación ambiental de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
El evento se realizó en el polideportivo del municipio y hace parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la justicia rural, avanzar en la reforma agraria y recuperar ecosistemas estratégicos del Caribe colombiano.
¿Qué cambia con la nueva Ley de Jurisdicción Agraria?
Uno de los anuncios centrales fue la sanción de la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, una normativa que modifica la Ley 270 de 1996 sobre administración de justicia y que busca fortalecer la resolución de conflictos relacionados con la tierra y el territorio rural.
La ley contempla la creación de tribunales y juzgados agrarios especializados, además de equipos técnicos interdisciplinarios, con el propósito de que los conflictos del campo sean atendidos por jueces con conocimiento específico en materia agraria.
Con esta estructura institucional se busca garantizar una justicia más cercana, especializada y eficiente para las comunidades campesinas, teniendo en cuenta la diversidad social, cultural y étnica presente en los territorios rurales.
Los tribunales agrarios actuarán como instancias de decisión y apelación en procesos complejos, mientras que los juzgados agrarios permitirán que la justicia llegue a regiones históricamente alejadas de los centros administrativos.
Además, la normativa introduce la figura de facilitadores agrarios y rurales, quienes orientarán a los ciudadanos sobre sus derechos y los procedimientos judiciales, con el fin de reducir barreras de acceso y garantizar un servicio gratuito y comprensible para el campesinado.
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Durante la jornada también se formalizó la entrega de más de 3.000 hectáreas de tierra a más de 1.000 familias campesinas que han resultado afectadas por recientes fenómenos climáticos en el departamento de Córdoba.
Esta iniciativa busca impulsar la reactivación económica del campo, así como fortalecer la producción agrícola y la estabilidad de las comunidades rurales.
Los predios adjudicados provienen de diferentes fuentes institucionales, entre ellas el Fondo de Reparación a Víctimas, la Sociedad de Activos Especiales y procesos de adquisición directa por parte del Estado.
Algunos de estos terrenos fueron recuperados tras haber estado en manos de exjefes paramilitares, como parte de los procesos de reorganización de la propiedad rural y restitución de tierras.
Las tierras están ubicadas en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista, Montería, Cereté, San José de Uré y Puerto Libertador.
Entre los beneficiarios se encuentran organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas, incluido el Resguardo Indígena Zenú.
Como parte del evento, el Gobierno también dio inicio a la demolición de jarillones, una medida orientada a la recuperación de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, uno de los ecosistemas estratégicos de la región. La intervención pretende restablecer el flujo natural del agua, mejorar las condiciones ambientales y fortalecer los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de la pesca, la agricultura y los recursos naturales de la ciénaga.
De acuerdo con el Gobierno, estas acciones integran una estrategia que articula reforma agraria, justicia rural y recuperación ambiental, con el propósito de avanzar hacia un desarrollo territorial más equitativo y sostenible en el país.