El fin de la diligencia fue verificar el cumplimiento de la sentencia T-302 que ordenó la garantía y el acceso a la salud, alimentación y agua potable por parte de la etnia wayuu.
El alto tribunal urgió a la Presidencia y otras entidades del Estado tomar medidas para proteger los derechos fundamentales de la población raizal de las islas.
El Ministerio de Salud salió pidió a la Corte rechazar la demanda entregada por la abogada Natalia Bernal, que prohibía todas las prácticas abortivas en Colombia.
