La reforma a la Ley 30, en sus artículos 86 y 87, significa que se garantizan muchos más recursos para las universidades públicas del país, lo cual permitirá fortalecer la educación superior y ampliar oportunidades en todo el territorio nacional.
El decreto aplica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó y tiene como objetivo garantizar la alimentación escolar cuando se suspendan clases presenciales o se adopte trabajo académico en casa.
