Se trata de Luis Alberto Gil Castillo, quien participó en una red criminal que ofrecía sus servicios para interceder o entregar información privilegiada de procesos judiciales.
Aunque la Fiscalía no pudo demostrar la responsabilidad de la mujer en los delitos de terrorismo, concierto para delinquir con fines de terrorismo y rebelión, el procedimiento fue legal.
Dos de las personas asesinadas se movilizaban en una motocicleta y las otras dos, según las autoridades, fueron baleadas por ser testigos de los hechos.