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Migrantes y refugiados venezolanos en Colombia: con Covid-19, todo es más que urgente

Por: Carlos Alberto Chica

Transferencias monetarias y bonos en Arauca, instalación de sistemas de lavado de manos y dotación de elementos de bioseguridad en alojamientos temporales en Medellín o la entrega de raciones alimentarias en cercanías de la terminal de transporte de Bogotá son algunas de las acciones de choque para mitigar el impacto de la pandemia del Covid-19 sobre un millón 800 mil migrantes en Colombia.

Esa es parte de la respuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, liderado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y por la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), con base en una evaluación de emergencia que identificó necesidades, las medidas de prevención y las respuestas más urgentes.  

La evaluación se elaboró con una encuesta a 737 hogares en 17 departamentos y con bases de datos disponibles sobre 45 mil hogares.

Dentro de la población refugiada y migrante los grupos más vulnerables en el contexto de la pandemia son personas en tránsito o en situación de calle, personas con condición médica crítica o crónica, familias cuya generación de ingresos ha sido afectada por el cese de actividades y/o la limitación de la libertad de movimiento, hombres y mujeres solos no priorizados y los grupos indígenas en zonas de frontera.

Estos fueron algunos hallazgos de la evaluación: 

  • El número de comidas al día se ha reducido en medio del aislamiento obligatorio. Sólo el 15 por ciento come tres veces al día, pero sus alimentos no les proporcionan los micronutrientes adecuados. El 95%necesita ayuda alimentaria.

  • Antes del confinamiento, el 91% vivía de un trabajo remunerado. Ahora sólo el 20%. El 48% de los hogares no recibe ingresos.

  • El 53% requiere apoyo para pagar arriendo y el 5 por ciento teme ser desalojado.

  • El 30% no lava sus manos adecuadamente porque no tiene acceso a agua y a jabón o porque no cuenta con instalaciones adecuadas.

  • El 30% ha necesitado tratamiento médico. De ese grupo, el 67% no ha recibido atención adecuada debido a las restricciones para salir de sus casas (47%) y por no estar afiliado al sistema de salud (34%).

  • Del total de hogares encuestados, el 88% tiene hijos menores de edad. De ellos, el 46% o está desarrollando ninguna actividad de aprendizaje con niños, niñas y adolescentes. Solo el 3% usa libros y materiales escolares, y apenas el 14% recibe clases virtuales. 

Este es nuestro diálogo con Jozef Merkx, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

¿Cuáles son los principales hallazgos de esa encuesta de emergencia que han realizado para identificar el impacto del Covid-19 sobre los migrantes venezolanos en Colombia?

Los refugiados y migrantes de Venezuela han tenido un tiempo muy difícil: han perdido sus trabajos, sus medios de vida. Muchos ya no pueden pagar el alquiler de los apartamento y habitaciones donde viven. Aquí, en Bogotá, sabemos que ya no tienen con qué pagar los ‘pagadiarios’. El desempleo se ha triplicado: antes era del 20 por ciento, ahora estamos hablando del 60 por ciento de personas inmigrantes sin empleo.

Me impresionó mucho saber que el 30 por ciento no lava sus manos por falta de agua, jabón o por no contar para instalaciones para hacerlo. 

Ese es un tema que nos preocupa mucho. Estamos trabajando con muchas organizaciones, obviamente con el Ministerio de Salud, para ayudar a los venezolanos, pero también a las comunidades de acogida. Hay que mejorar las condiciones sanitarias con más puntos para el lavado de manos, tener más espacios en los albergues o en las casas donde viven, y tener a mano kits de higiene (alcohol, jabón). Tenemos que trabajar en salud mejorando las condiciones sanitarias. Es todo un reto. Para muchos colombianos lo es, pero igual para los venezolanos.

Según la encuesta, el 30 por ciento tiene necesidad de tratamiento médico, pero no ha podido acceder a él por la imposibilidad de movilizarse o porque no está afiliado al sistema de salud. ¿Esta situación de exclusión del sistema de salud viene desde antes de la pandemia?

Si hablamos de 1,8 millones de venezolanos en Colombia, un gran número no tiene estatus regular en Colombia y tampoco está asegurado en el sistema de salud. De hecho, como OIM y ACNUR hemos hecho un proyecto, con el Ministerio de Salud, para el aseguramiento de refugiados y migrantes al Sistema de Salud en Colombia. Pero, ciertamente, no hay recursos suficientes. Muchas personas venezolanas dependen de los servicios de emergencia en el sistema de salud. 

Tenemos que decir que Colombia ha hecho un gran esfuerzo por incluir a la población refugiada y migrante en la respuesta al Covid-19. Como cooperación internacional estamos trabajando con hospitales y clínicas entregando equipos, pero también mejorando la infraestructura en algunos hospitales, sobre todo en la frontera para responder bien, entre otros, a la crisis del Covid-19. 

El 48 por ciento declaró que hoy no tiene ningún ingreso. Y antes de la pandemia el porcentaje de quienes no tenían ningún ingreso era apenas del 4 por ciento. Del 4 al 48 es un salto brutal.  ¿Qué se puede hacer mientras tanto?

Realmente es muy difícil. Tenemos algunos recursos, no son suficientes, para apoyar a las familias más vulnerables con algunas transferencias monetarias y con entrega de mercados. De hecho, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo con la entrega de doscientos mil mercados a poblaciones de acogida e incluyendo a población venezolana.

Un hecho no menos inquietante es que el 46 por ciento informó que los niños no tienen ninguna actividad educativa. En parte, porque el 97 por ciento no tiene computador, el 65 por ciento tiene un televisor y apenas el 48 por ciento posee celulares con internet. Tres maneras de acceder a la educación en forma virtual, pero ellos no tienen esos medios hoy…

Tenemos que decir que en el sistema escolar de Colombia siempre han hecho un gran esfuerzo para integrar a los niños y niñas de Venezuela. Van a la escuela, tienen acceso a la escuela; pero como ahora todas las escuelas están cerradas la población refugiada y migrante está muy afectada; también como los barrios más humildes de Colombia donde los padres tienen muchos para que siga la educación de sus hijos. La población refugiada y migrante está en igual situación o a veces peor porque no tiene recursos para tener acceso a internet, ni tampoco libros o materiales para seguir la educación de sus hijos en casa. 

¿Qué tanto ser avanzado en la demanda de transporte para desplazarse por el territorio nacional para aquellos venezolanos que, presionados por la crisis del Covid-19, han decidido retornar a su país?

Hay límites. En la frontera, por ejemplo, en Cúcuta, ayer pasaron trescientas personas la frontera porque tampoco hay suficiente capacidad del lado venezolano para recibir grupos muy grandes. Estamos trabajando con el gobierno para ver cómo acompañamos estos flujos que vienen desde Ipiales, Cali, Bogotá o Medellín buscando la frontera con Venezuela donde también hay represamiento. No hay un flujo constante porque también hay límites y condiciones precarias en la frontera y, probablemente, al otro lado de la frontera.

Hay una zona de características socio-culturales muy especial: la Guajira, en donde, el pueblo wayuu se reconoce como poblador de un territorio que no está dividido por la frontera binacional. ¿Las restricciones de seguridad han afectado la movilidad del pueblo wayuu en estos tiempos de pandemia?

Sí. Estamos trabajando con la población Wayuu que tiene doble nacionalidad. Antes (de la pandemia) muchos wayuu habían venido desde Venezuela hacia Colombia. La Guajira tiene una gran población venezolana. Tenemos que trabajar con ellos para poderles atender. Hay muchos temas en seguridad alimentaria.  Estamos trabajando con otras organizaciones, en este caso con el Programa Mundial de Alimentos, para atender necesidades básicas, como una buena nutrición.

¿Qué ha pasado con el movimiento migratorio en la frontera con Panamá que, tristemente se ha convertido en una ruta de trata de personas, muchas de ellas provenientes de África, Asia y el Caribe pero también desde el sur del continente, buscando llegar a Estados Unidos, a través de Centroamérica?

Antes de la pandemia vimos cruces por esa frontera. Calculamos entre tres mil a cuatro mil personas por mes, pasando desde Colombia a Panamá. Son nacionales de muchas partes del mundo (haitianos, africanos, asiáticos) en situaciones muy precarias. Tenemos una oficina en Urabá y visitamos Turbo y Acandí porque es una ruta que siguen muchos de los refugiados y migrantes. Es una ruta muy peligrosa y con dificultades. La gente tiene que caminar distancias muy largas. No es fácil llegar a Estados Unidos porque hay que cruzar un montón de países en América Central donde hay riesgo de encontrarse con grupos armados, traficantes de personas. Ahora ha bajado un poco el flujo por causa del Covid-19 pero sigue siendo una frontera muy complicada. 

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en los migrantes venezolanos que viven en el Catatumbo que, según un informe de Human Rigths Watch de agosto o septiembre del año pasado, deben ser unos 25 mil?

Pero también hay desplazados internos que viven en la misma zona. Hay grupos armados por fuera de la ley. Es una zona compleja en sí misma (porque) además del desplazamiento interno tiene un flujo desde Venezuela. Estamos trabajando con la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y con otras organizaciones como la Cruz Roja Internacional y el Consejo Noruego de Refugiados para atender los nuevos desplazamientos y a la población venezolana que allí requiere mucho apoyo. Lamentablemente hemos visto incidentes de protección como reclutamiento de personas venezolanas por parte de grupos armados. Es un tema que nos preocupa seriamente.

¿Qué ha pasado con las expresiones de xenofobia durante esta pandemia? ¿Han aumentado o disminuido?

Siempre hemos dicho que Colombia ha mostrado una gran solidaridad ante el flujo de migrantes y refugiados desde Venezuela. Muchos colombianos saben lo que significa tener que huir de su país. Muchos colombianos también vivían en Venezuela. Y por muchos meses hemos visto que la xenofobia estaba muy manejable pero sí que es cierto que, ahora hay más discriminación. Con varias organizaciones estamos haciendo campañas para combatir la xenofobia y hacer un llamado a la solidaridad. Tenemos que entender que los venezolanos necesitan apoyo. No salieron de su país como turistas. Tuvieron que salir por la crisis que vivían y por todos los problemas que tenían que enfrentar. Entonces estamos llamando al pueblo colombiano a entender y abrir los brazos para que los venezolanos puedan estar aquí y sobrevivir en estos tiempos difíciles de Covid-19.

Escuche la entrevista completa a Jozef Merkx, representante en Colombia de Acnur, aquí: