Denuncian finalización de contratos a escoltas que protegen a firmantes de paz
El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz, que agrupa a los excombatientes que prestan servicios de seguridad a los líderes del Partido Comunes y a otros firmantes del Acuerdo, denunció que la Unidad Nacional de Protección canceló el contrato a por lo menos 41 excombatientes que prestaban sus servicios de escolta en la territorial Tolima. Sin embargo, esta situación se presenta también en los departamentos de Chocó, Quindío, Caldas y Risaralda.
La alerta fue dada a conocer por Diana Ordóñez Florián, presidente del Sindicato, luego de conocerse una comunicación interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que informaban la finalización del Contrato No. 1196 que suscribió la entidad con la Unión Temporal de Protección Especializada 2021. Allí señala que el contrato finalizará el sábado 5 de junio, por lo que se quedarían sin empleo estas personas.
La líder sindical explicó además que estas personas fueron contratadas bajo una orden dada por la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que advierte la necesidad de personal de seguridad para completar los esquemas de los líderes en varias regiones del país y que tienen altos niveles de riesgo.
“Nosotros como sindicato SintrasiPaz estamos muy preocupados por la situación que acontece en este momento en Quindío, Chocó, Tolima, Caldas y Risaralda porque la UNP se ha negado a declarar la urgencia manifiesta para la continuación del servicio de los escoltas que cubren estos departamentos, y que protegen a los firmantes del Acuerdo”, explicó Ordóñez.
Según reseñó la líder, el Ministerio de Hacienda transfirió a la Unidad alrededor de 13.500 millones de pesos para realizar las debidas contrataciones. Sin embargo, la entidad alcanzó a contratar a un poco más de 300 personas de seguridad.
“Ellos fueron contratados como medida cautelar en la que le dicen a la Unidad que deben contratar a 686 escoltas para completar los esquemas que tenían faltantes y, además, para implementar los nuevos esquemas. En este momento, lo que la Unidad aduce es que el recurso ya se terminó”.
El Sindicato considera además que esta situación es una “falta de garantías de seguridad para la población que firmó el Acuerdo de Paz y confió en un Gobierno para la dejación de armas, además de la falta de seriedad de la UNP al tomar unas decisiones unilaterales e inconsulta que, lo que hace, es poner en riesgo a esta población que ya tiene un riesgo extraordinario. Con esto, lo único que hace es verse mayormente afectada en un contexto en el que ya, a la fecha, hay 276 firmantes del Acuerdo asesinados en todo el país”, resaltó.
La Unidad Nacional de Protección aún no se ha manifestado ni oficial ni públicamente frente a la situación denunciada por el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz, así como tampoco los operadores de los contratos.
“Todo ha sido a través de mensajes de WhatsApp pidiéndoles a los compañeros y compañeras escoltas que se presenten en estos días en las respectivas ciudades para la entrega del armamento y la dotación. No hay claridad, realmente, de las razones de estos desmontes y cuál es la razón por la cual la UNP ha tomado estas decisiones y no otras que podrían facilitar los tramitas frente al tema de la contratación”, puntualizó.
Hace unas horas el Partido Comunes emitió un comunicado en el que rechazaban esta decisión.
“Esperamos que desde la UNP se tomen cartas en el asunto, extendiendo la contratación de los hombres de protección que garantice esta seguridad, hasta tanto la nueva empresa o unión temporal que gane la licitación haga el contrato con la UNP y que esta se comprometa a sostener el personal ya contratado. Hasta tanto esto no se resuelva, los beneficiarios no aceptaremos los relevos masivos de los compañeros en mención”.
