Conceden libertad a policías que destaparon la “ñeñepolitica”
El Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad a los dos policías que destaparon la “ñeñepolitica”, y eran investigados por interceptaciones ilegales a otros uniformados y civiles.
Luego de estudiar una acción de tutela que interpuso el abogado Miguel Ángel del Río, defensa del patrullero Wadith Velásquez y del mayor Jefferson Tocarruncho, por sus derechos al debido proceso y a la libertad, el Tribunal ordenó dejar sin efectos las decisiones judiciales de junio y noviembre de 2020 por las cuales se impuso medida de aseguramiento domiciliaria a los uniformados
Asimismo, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los jueces del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, realizar un nuevo reparto y adelantar una nueva audiencia ante un juez, donde la Fiscalía argumente por qué deben ser cobijados con una medida de aseguramiento. Estos juzgados de control de garantías tendrán 12 días para adelantar nuevamente la audiencia de medida de aseguramiento y para resolver los problemas jurídicos que planteó la defensa.
En junio de junio de 2020, a los uniformados les fueron imputaron los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, por una supuesta interceptación ilegal de los teléfonos de cinco de sus compañeros de la Fuerza Pública.
Según el proceso adelantado por la Fiscalía, Velásquez y Tocarruncho realizaron interceptaciones legales que destaparon la 'Ñeñepólítica', pues eran los encargados de la investigación por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, ocurrido en agosto de 2011, en Barranquilla.
Los hechos por los que son investigados son independientes de ese procedimiento legal que se hizo en ese momento. Los cargos se hicieron porque al parecer habrían interceptado ilegalmente los teléfonos de Dilman Paz Potes a quien identificaban como 'El Doctor', y de David Brayan Hernández Caicedo a quien llamaban 'El Caleño', supuestos integrantes de una organización criminal.
La Fiscalía indicó que el primero era el presidente del sindicato de la Universidad del Valle y el otro era un ciudadano que no tenía nada que ver con la investigación. Los policías no aceptaron su responsabilidad en los hechos investigados, por lo que se irán a juicio.