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Colombia pide protección para los defensores ambientales de la región

El país marca un hito histórico al participar por primera vez como Estado Parte en la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú.
Yank Ramírez

En Nassau, Bahamas, ya dio inicio la COP4 del Acuerdo de Escazú. Tras la ratificación del tratado en 2024 y el aval de la Corte Constitucional en agosto del mismo año, el país llegó con una hoja de ruta clara para fortalecer la protección de los defensores ambientales y la transparencia institucional.

La delegación colombiana destacó que el Gobierno nacional ha articulado una comisión intersectorial para coordinar políticas de transparencia, así como la realización de talleres con cerca de 700 líderes sociales para identificar necesidades críticas de seguridad. Esto busca que el Acuerdo de Escazú pase de ser un mandato legislativo a una herramienta efectiva de gobernanza.

"El Acuerdo de Escazú no es solamente un tratado ambiental. Es, ante todo, un instrumento de derechos humanos que nos convoca a transformar la relación entre el Estado, la ciudadanía y la naturaleza. Su implementación es una condición indispensable para la sostenibilidad y la paz", indicó Hollman Bonilla García, subdirector de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente.


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Protección de defensores y cooperación regional

Uno de los puntos centrales de la participación de Colombia en la COP4 es la protección de quienes defienden el ambiente, un desafío urgente en una región con altos índices de vulnerabilidad. Para 2024, se reportaron 48 líderes ambientales asesinados o desaparecidos, y, según informes de Indepaz, el riesgo continúa en 2025 y principios de 2026.

El país ha reiterado su compromiso con la creación de condiciones seguras para estos líderes, promoviendo el fortalecimiento del Grupo de Trabajo sobre personas defensoras en el marco del artículo 9 del Acuerdo. Asimismo, se impulsa la cooperación técnica y el intercambio de experiencias entre los 19 países parte para consolidar una justicia ambiental regional.

"Colombia reitera su compromiso con la generación de condiciones seguras y propicias para la labor de las personas defensoras. Esto implica no solo fortalecer los mecanismos de protección, sino también avanzar en la prevención de riesgos, el reconocimiento de su labor y la lucha contra la impunidad", agregó Bonilla García.


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En paralelo a la agenda en Bahamas, Colombia se prepara para ser sede de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se realizará en Santa Marta del 24 al 29 de abril. Este encuentro, organizado junto al Reino de los Países Bajos, contará con la participación de 45 países confirmados y más de 2.600 organizaciones globales.

El evento se llevará a cabo hasta el 24 de abril de 2026 y contará con la participación de gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales.

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