Denuncian que un año después, menor embera no ha recibido acompañamiento luego de su violación
Hoy se cumple un año de la violación de una menor indígena embera chamí, de Pueblo Rico, Risaralda, que fue atacada por siete soladados adscritos al batallón de Alta Montaña, ubicado en Génova, Quindío, y que fueron enviados a reforzar las operaciones del batallón San Mateo de Pereira, que incluían la protección de todos los habitantes de la zona, incluyendo a las personas del resguardo Gitó Dokabú, de la comunidad Embera, a la que pertenece la menor.
Los militares que terminaron por reconocer su responsabilidad en los hechos fueron identificados como: Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández. A los soldados les imputaron 30 años de prisión por acceso carnal violento y secuestro.
Sin embargo, pese a la detención de los uniformados, de acuerdo con Mónica Gómez, docente de la escuela Pío XXII del corregimiento de Santa Cecilia, la familia regresó al resguardo indígena al no encontrar respuestas claras frente al acompañamiento que prometió el Estado, y afirmó que las entidades estatales no cumplieron con los programas y atención especial que ella requería en el momento de los hechos.
“No ha pasado nada con este caso. La familia se cansó de que la pelotearan, porque los mandaban de una entidad para la otra y ellos regresaron al resguardo embera y están en compañía de toda su familia. Esto quedará como todo lo que les pasa a los indígenas: en el olvido”, manifestó la docente que es allegada a la familia.
Igualmente Natalia Restrepo, líder de la Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand de Risaralda, señaló que desde su organización no volvieron a recibir información de la menor y las autoridades no han entregado un avance contundente sobre el proceso de restablecimiento de los derechos.
“Desde la Alcaldía de Pereira ni la Gobernación de Risaralda volvimos a recibir información. De parte del Comité Interinstitucional, que era la entidad de la cual nos manteníamos informadas. Lo único que supimos recientemente, es que la niña se desapareció y volvió a casa, pero no sabemos nada más”, agregó Restrepo.
El fiscal Francisco Barbosa, en su momento explicó que los uniformados reconocieron la tropelía de sus actos y se solicitó para ellos medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno como cómplice.
El ente acusador tiene como material probatorio, además del dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, el testimonio de la hermana de la niña y otros familiares quienes se habrían percatado de su ausencia en la comunidad Embera Chamí, y testimonios de 25 uniformados del batallón al que estaban adscritos los militares.
