Embargan varios bienes de organización que asesinó a ocho jóvenes en Samaniego, Nariño
El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 20 bienes que pertenecerían a la estructura ilegal responsable del asesinato de ocho jóvenes en Samaniego, Nariño, ocurrido el 15 de agosto de 2020.
Estas propiedades estaban ubicadas en Nariño, Putumayo y Valle del Cauca y en total estaban avaluadas en más de 2 mil 500 millones de pesos. “Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas en Samaniego, Puerto Asís y Jamundí. Entre los bienes afectados está la vivienda donde se habría planeado la acción criminal”, indicó Barbosa.
Entre los bienes que les fueron incautados a esta estructura están 11 viviendas, un establecimiento comercial y ocho vehículos, “si pretenden destruirse estas estructuras, nosotros los vamos a destruir judicialmente y nos vamos a quedar con esos bienes”, resaltó el jefe del ente investigador.
Adicionalmente el fiscal general anunció que se desmanteló un complejo narcotraficante de ‘Los Contadores’, un grupo que procesaba mensualmente más de cuatro toneladas de estupefacientes, que salían del Pacífico hacia países de Centroamérica con destino final a Estados Unidos.
“En zona selvática de Tumaco, en el sector conocido como El Guabal, el grupo disidente tenía a su disposición un complejo narcotraficante (…) Allí se les incautó más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, exactamente 1.058 kilogramos. Adicionalmente, hallaron insumos sólidos y líquidos como gasolina, 1.135 galones de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, entre otros. También encontraron maquinaria para ampliar la capacidad ilícita de producción, dos armas de fuego y 39 marquillas distintas con las que se señalizaba cada uno de los bloques de cocaína”, aclaró.
Desmantelando este complejo, ‘Los Contadores’ pierden 8 mil millones de pesos, según los cálculos de las autoridades.
El jefe del ente judicial además se reunió con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para reforzar la estrategia con la que se busca afectar al Clan del Golfo, Los Caparros y otros grupos que serían los responsables de agresiones a defensores de derechos humanos, homicidios y delitos ambientales en Nariño.
