Esmad podrá seguir usando gases lacrimógenos durante protestas
El Tribunal Superior de Bogotá revocó una tutela con la que se había prohibido el uso de gases lacrimógenos por parte del Esmad durante las protestas en medio de la pandemia por la Covid-19, al considerar que no hay las pruebas para asegurar que estos agentes químicos podían causar la propagación del virus.
En la tutela fallada en noviembre de 2020, un ciudadano aseguraba que, si durante la pandemia se presentaba una protesta y esta se salía de control, con lo que el Esmad usaba los gases lacrimógenos, los protestantes tendrían problemas para respirar, lo que les produciría tos y, para poder recibir oxígeno, tendrían que quitarse los tapabocas lo que llevaría a posibles contagios del virus.
Sin embargo, para el magistrado no hay pruebas que sustenten que "el uso de agentes químicos afecta la función respiratoria y la reacción instintiva que produce tos y remoción de obstáculos, como el tapabocas para mantener la respiración, situación que en la actual pandemia incrementa la propagación del Covid-19".
Igualmente recalcó que el uso de estos agentes químicos no puede ser considerada como una vulneración de los derechos fundamentales, “por cuanto su utilización como último recurso para el control de disturbios es un medio idóneo, proporcional y legítimo”.
Además, señaló que teniendo en cuenta la pandemia y el segundo pico, los ciudadanos no deberían estar realizando protestas donde hay grandes aglomeraciones que sí pueden causar contagios masivos.
"Resulta contraproducente para la protección de los derechos fundamentales a la vida, salud e integridad personal, el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública con desconocimiento de las medidas de prevención y protección expedidas por las autoridades competentes", explicó.
Pero va más allá y puntualiza que así el ejercicio de la protesta sea pacífico va en contra de las órdenes que prohíben "la aglomeración de personas como medida efectiva para disminuir la curva de contagio, fallecimientos y el colapso del sistema de salud durante la emergencia sanitaria".
Resaltó que con este pronunciamiento no busca vulnerar el derecho legítimo a la protesta sino preservar el “derecho a la vida y la salud de toda la comunidad, a través de la estricta observancia de los protocolos biosanitarios".
