Gobierno acudirá a emergencia económica por crisis fiscal tras caída de la Ley de Financiamiento
La medida fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que la decisión responde a la crítica situación fiscal que atraviesa el país, agravada por el rechazo de la Ley de Financiamiento el pasado 9 de diciembre durante la tercera sesión conjunta de las Comisiones Económicas del Congreso.
Según el jefe de la cartera económica, el hundimiento de esta ley dejó un faltante cercano a los 16 billones de pesos, recursos que estaban destinados a cubrir el déficit fiscal y a respaldar programas sociales contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. En ese sentido, advirtió que la negativa del Legislativo obligó al Ejecutivo a acudir a mecanismos constitucionales extraordinarios para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El ministro Ávila, confirmó que en las próximas horas el Gobierno presentará el texto del decreto de emergencia económica junto con sus decretos reglamentarios, los cuales permitirán adoptar decisiones urgentes en materia fiscal y presupuestal.
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En ese sentido, la figura de la emergencia económica faculta al Gobierno para expedir decretos con fuerza de ley, orientados a realizar ajustes tributarios, reasignar recursos y modificar el gasto público, con el objetivo de evitar un mayor deterioro de la situación fiscal y asegurar la continuidad de las políticas sociales.
El ministro de Hacienda ha insistido en que la ausencia de nuevos ingresos pone en riesgo la financiación de programas estratégicos del Gobierno. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha señalado que el archivo de la reforma tributaria implica que sectores con mayor capacidad económica continúen sin realizar los aportes necesarios al sistema fiscal del país.De acuerdo con la Constitución, la emergencia económica se declara mediante un decreto legislativo firmado por el presidente y todos sus ministros, cuando existen hechos graves e inminentes que alteran el orden económico, social o ecológico. Esta medida se aplica por periodos de hasta 30 días, prorrogables con aval del Congreso, y permite al Estado ejercer controles excepcionales sobre precios y salarios, administrar con mayor flexibilidad el presupuesto y redirigir recursos hacia sectores prioritarios.